La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy por mayoría de su pleno la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en el este de la Amazonía ecuatoriana, pese a las críticas de la oposición que teme que la actividad provoque daños irreparables en esa zona de alta biodiversidad.
Con 108 votos a favor y 25 en contra y tras más de nueve horas de debate, el pleno del órgano legislativo, en un segundo y definitivo debate, declaró de interés nacional la actividad extractiva de los bloques 31 y 43, ubicados en el Yasuní, una región declarada reserva de la biosfera por la Unesco.
El legislador indígena Carlos Viteri, que pertenece al movimiento oficialista Alianza País, fue quien presentó la moción para la intervención petrolera responsable en el Yasuní, con altos estándares ambientales y de responsabilidad social.
La larga jornada legislativa estuvo también acompañada por una nutrida movilización de simpatizantes del oficialismo, que apoyó a las afueras de la Asamblea la decisión del Gobierno de explotar el llamado eje ITT en el Yasuní, donde se calcula que yacen unos 920 millones de barriles de crudo.
En mayo pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su deseo de explotar el ITT, a la par que ponía fin a una iniciativa ambiental suya que pretendía dejar bajo tierra el crudo del eje, a cambio de una contribución internacional por unos 3.600 millones de dólares en 12 años.
Ese monto era la mitad del dinero que calculaba que se podría obtener en 2006, cuando lanzó su propuesta, si explotaba el crudo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).
Tras seis años de insistir en su iniciativa, Correa desistió ante lo que calificó de desidia de la comunidad internacional para contribuir con el proyecto, que había sido calificado como un nuevo paradigma para contrarrestar el cambio climático en el planeta.
Correa pidió entonces a la Asamblea que declare de interés nacional la explotación en el Yasuní, lo que en cifras actuales supondría ingresos por más de 18.000 millones de dólares, recursos con los que pretende reducir la pobreza, especialmente en la Amazonía, y dirigir el desarrollo del país.
La oposición, en su afán de impedir el proyecto del Gobierno, ha exigido que se convoque a una consulta popular, por iniciativa legislativa, aunque el pasado 20 de septiembre fracasó en ese intento, cuando en un primer debate la Asamblea negó tal posibilidad.
En la discusión dada hoy en el foro, varios opositores pusieron en el tapete la situación de los pueblos indígenas (taromenane y tagaeri), en aislamiento voluntario o no contactados, protegidos por la legislación nacional e internacional y que se presume habitan en una zona llamada intangible del Yasuní.
El Gobierno ha remarcado que la actividad no afectará a los pueblos no contactados y que abarcará menos del uno por mil del millón de hectáreas del Yasuní.
Sin embargo, el asambleísta Pepe Acacho, del opositor movimiento Pachakutik, recordó que la Constitución impide cualquier amenaza al hábitat de los pueblos no contactados, por lo que debería negarse la solicitud del Ejecutivo, versión que fue rebatida por el oficialismo al aclarar que no se tocará la llamada zona intangible del Yasuní.
Acacho, al advertir que la mayoría oficialista daría paso a la explotación del ITT, recordó que grupos ambientalistas se aprestan a recoger 600.000 firmas de respaldo para convocar, por iniciativa popular, a una consulta, y pidió al presidente del país, Rafael Correa, que sea el primero en suscribir esa propuesta.
Durante el debate legislativo también intervinieron las indígenas Blanca Grefa y Alicia Cahuilla, así como Jofre Poma, como representante de los alcaldes de varios municipios amazónicos.
Los tres recordaron la historia de abandono de la Amazonía, pese a que de ahí se ha extraído la mayor parte del crudo que ha exportado el país al exterior.
Cahuilla, de la etnia waorani, exigió por ejemplo que se consulte a su pueblo, que se legalicen sus tierras y que se beneficie a su pueblo, que hasta ahora no dispone de servicios básicos y sigue en la pobreza.
"Antes vivíamos bien, sano, agua limpia, árbol sano… ¡Más pobreza están haciendo! (SIC)", exclamó la indígena oriunda del Yasuní y aseguró que si todos los ecuatorianos aprueban la explotación, entonces los waorani también lo apoyarán.
"Nacimos en el Yasuní y debe haber consulta", reclamó Cahuilla, lo que fue vitoreado por los grupos de oposición. /EFE