EFE
El canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega, afirmó hoy que el conflicto que enfrenta al Canal de Panamá y el consorcio a cargo de la ampliación de la vía es "comercial", y que Europa podría ayudar a resolverlo facilitando al contratista el dinero para que culmine la obra.
En una entrevista con la televisión local, Núñez Fábrega habló del interés de la Comisión Europea (CE) en ayudar a resolver el conflicto después de que los socios europeos de consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) pidieran su mediación.
"Este es un problema de falta liquidez del GUPC. Si ellos (la CE) le dan el dinero para que el grupo pueda aguantar hasta que se resuelva el reclamo, entonces aquí no tenemos ningún problema. Por lo tanto, ellos tienen que ir directamente a esas compañías de esos países y decirles aquí tienes tanto", declaró Núñez Fábrega.
Panamá tiene excelentes relaciones diplomáticas con España, Bélgica e Italia, los países de los que son Sacyr, Jan de Nul e Impregilo, respectivamente, socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) junto a la panameña CUSA, destacó el responsable diplomático.
"Este es un problema comercial entre un cliente y tres de sus proveedores y existen mecanismos para solucionarlo dentro del contrato y ninguna solución que sea fuera de este contrato va a ser factible", resaltó el canciller.
El GUPC, liderado por Sacyr e Impregilo, ha dicho que unos sobrecostes superiores a los 1.600 millones de dólares lo han dejado sin dinero para seguir con las obras, que podría suspender después del 31 de enero próximo.
El consorcio pidió el fin de semana la mediación de la Comisión Europea, pero la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó la intervención de terceros porque el contrato vigente no lo permite.
Ayer mismo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aclaró que la CE trabaja para encontrar una "solución financiera" que aporte liquidez a las tres empresas europeas implicadas en la ampliación.
"Lo que la Comisión se está planteando es buscar una fórmula, una solución financiera para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas, y la obra pueda continuar al ritmo previsto", señaló García-Margallo.
La ACP no reconoce los costes extraordinarios reclamados por el GUPC y le ha exigido que los tramite a través de las vías previstas en el contrato, que son una Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y en última instancia un tribunal internacional con sede en la ciudad estadounidense de Miami.
Las partes mantienen negociaciones desde el pasado día 7 y este martes el administrador de la ACP, Jorge Quijano, anunció que existe una "propuesta que puede dar una solución a largo plazo" al conflicto, pero que aún debe ser evaluada por las partes.
La ACP y el GUPC mantienen este martes reuniones con la firma Zurich, que tiene asegurado el proyecto por 600 millones de dólares.
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de diseño y construcción de las nuevas estructuras por su oferta de 3.118 millones de dólares, por debajo de los 3.481 millones de dólares establecidos por la ACP como precio máximo.
La obra tiene un avance del 65 % según la ACP, que ya ha pagado 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables, además de al menos 160 millones en costos adicionales.