EFE
Las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como "falsos positivos" siguen presentándose en el país y en 2013 se registraron siete casos que causaron al menos diez víctimas, según un estudio de una ONG divulgado.
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una ONG relacionada con la Compañía de Jesús, presentó este miércoles el número 48 de su revista "Noche y Niebla" en la que hace un repaso de la situación de derechos humanos en Colombia.
"Lo más preocupante de este informe es que la práctica de los ‘falsos positivos’ todavía no ha terminado, a pesar de muchas declaraciones del ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón) y el mismo presidente de la República (Juan Manuel Santos), que dicen que eso ya pertenece al pasado", dijo el sacerdote Javier Giraldo, del equipo de banco de datos del Cinep, en una rueda de prensa.
Giraldo explicó que estos datos pueden crecer más adelante porque algunas denuncias llegan años más tarde y citó como ejemplo que en 2012 tuvieron que actualizar el consolidado con 61 nuevos casos reportados y en 2013 con 23.
El Cinep tiene registros de ejecuciones extrajudiciales desde la fundación de su banco de datos en 1988, veinte años antes de que estallara el escándalo de los llamados "falsos positivos" de la localidad de Soacha (próxima a Bogotá), cuando se descubrió la práctica por la que miembros de la fuerza pública asesinaban a civiles reportados después como guerrilleros muertos en combate.
"En este momento los que tenemos registrados en la base de datos son 1.083 casos de ‘falsos positivos’, lo que nos muestra que no puede considerarse este fenómeno marginal o aislado, sin que respondan realmente a una política de Estado" que no se impone con decretos, sino con tolerancia, afirmó el sacerdote católico.
Entre 2002 y 2010, durante los dos gobiernos presididos por Álvaro Uribe, se registró un mayor número de casos, 698 en total, y dentro de ese lapso "el periodo más intenso corresponde a cuando el actual presidente, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa", detalló.
Giraldo explicó que de acuerdo con las cifras recogidas en los últimos tres años, 2013 fue el de menor incidencia, con siete casos y diez víctimas, mientras que en 2012 hubo 20 casos y 62 víctimas y en 2011, 21 casos con 71 víctimas, al insistir en que puede haber todavía denuncias pendientes.
En cuanto a los responsables de los casos de 2013, el Cinep le atribuye cinco al Ejército, uno a la Policía y otro a ambas instituciones armadas, mientras que las víctimas se distribuyeron en siete campesinos, un indígena, un líder comunitario y un educador.
Algunos de esos hechos se registraron en zonas donde las protestas agrarias de agosto y septiembre pasado fueron más fuertes en los departamentos de Norte de Santander (noreste, limítrofe con Venezuela), Valle del Cauca, Cauca (suroeste), Chocó, Antioquia (noroeste) y Nariño (suroeste, fronterizo con Ecuador).
Además de testimonios, el Cinep recogió cifras de las violaciones a los derechos humanos en Colombia en 2013 y consolidó un total de 1.768 entre amenazas, atentados, desapariciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, heridos, torturas y violencia sexual.
Por primera vez, la Policía cometió más delitos que el Ejército, según la organización, puesto que se presentaron en el marco de las protestas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios del cuerpo policial (Esmad) actuó "con brutalidad", según Giraldo.
El religioso destacó también que "el paramilitarismo sigue existiendo con las mismas características" que en los años noventa del siglo pasado, a pesar de que el Gobierno ha insistido en su desaparición tras el proceso de desmovilización de 2005 y ha bautizado como "bandas criminales" a esos grupos de ultraderecha.
El coordinador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Alejandro Angulo, concluyó: "la protesta social y la oposición política en Colombia está siendo perseguida con armas" y con "las mentiras de la infiltración".
2014-05-14