A partir del 1 de julio, Florida adoptará la ley migratoria más rigurosa de Estados Unidos.
El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley SB 1718 el 10 de mayo, la cual fue aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras de la Asamblea estatal, mayoritariamente republicana.
Esta ley incluye medidas como penas de hasta 30 años de cárcel, por transportar a personas indocumentadas, la prohibición de aceptar licencias de conducir de otros estados y la obligación para los hospitales de indagar y reportar el estatus migratorio de los pacientes.
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Inmigrantes protestaron contra esta ley
Antes de su implementación, numerosos inmigrantes y trabajadores salieron a las calles en Jupiter y Lake Worth Beach, en el centro del estado, para manifestarse en contra de esta nueva legislación.
La normativa también requiere que las empresas con más de 25 empleados utilicen el sistema federal de verificación E-Verify.
Tanto inmigrantes como empleadores han expresado preocupación por el impacto económico negativo que esta ley podría tener en el estado.
Advierten que podría llevar a una importante parte de la fuerza laboral indocumentada, especialmente en el sector agrícola, a huir hacia otros estados en busca de un entorno más seguro para evitar ser detenidos y enfrentar procesos de deportación.
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Inmigrantes indocumentados están temerosos
Jessica Ramírez, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida), expresó que existe una atmósfera de nerviosismo, angustia e incertidumbre entre la comunidad.
Según ella, la gente desconoce qué deparará el futuro con la entrada en vigor de la nueva ley migratoria y cómo será implementada.
La asociación estima que en Florida residen alrededor de 800,000 trabajadores del campo, mayoritariamente procedentes de México y Centroamérica.
Ramírez sugirió que "entre el 8% y el 10% de la comunidad trabajadora ha emigrado de Florida en busca de entornos más seguros".
Por otro lado, defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la SB 1718 podría disuadir a las víctimas de crímenes de denunciar ante la policía o de buscar atención médica, por temor a ser interrogadas sobre su estatus migratorio, detenidas y enfrentar un proceso de deportación de Estados Unidos.
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Indocumentados huyen de Florida por miedo a repercusiones mediante la ley
La mayoría de aquellos que están huyendo o planean hacerlo prefieren mantenerse en el anonimato por temor a ser detectados y perseguidos por las autoridades de Florida.
Muchos recurren a las redes sociales para expresar sus frustraciones, desesperación y temores.
"Ni aunque me paguen el doble regreso a Florida. Carolina (del Sur) es mejor", comparte un usuario cuya identidad mantenemos en reserva.
Otro comenta: "Yo ya saqué a toda mi familia de Florida. Sin nuestra mano de obra, Estados Unidos no funciona".
Un tercero insta: "No bajemos la guardia, porque si los convencen, volverán a aprovecharse de nosotros. Sigamos luchando".
La lista de usuarios que se despiden sigue creciendo día a día. "Lamentablemente, ya hemos decidido irnos.
"Deberían haberlo pensado antes de aprobar esa ley", comenta otro tras enterarse de las declaraciones de un grupo de legisladores republicanos.
Estos legisladores, durante un evento con líderes religiosos indicaron que la ley SB 1718 se diseñó únicamente para infundir temor y disuadir la llegada de más indocumentados a Florida, no para perseguir a aquellos que ya tenían empleo.
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El impacto económico que podría tener la ley SB 1718 en Florida
El Florida Policy Institute ha elaborado un informe provisional para medir el impacto que esta nueva legislación tendrá en los residentes de Florida, las empresas, las agencias estatales y la economía del estado en general.
Según los datos recopilados en abril, cuando la propuesta fue aprobada en ambas Cámaras de la Asamblea Estatal, uno de los principales desafíos para los empleadores será contratar a trabajadores indocumentados o con documentación falsa, lo cual constituye un delito grave de tercer grado y podría resultar en multas de hasta 5.000 dólares o cinco años de prisión.
"Es poco probable que la mayoría de las personas opten por pagar la multa de $5.000 en lugar de enfrentar el encarcelamiento, ya que esto equivale a casi el 10% del ingreso familiar promedio de los floridanos", señala el informe.
Además, agrega que "muchos inmigrantes indocumentados ganan incluso menos que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y los ciudadanos naturalizados, por lo que los ingresos generados por las multas impuestas bajo esta disposición podrían no alcanzar las expectativas del estado".
Aunado a ello, se suma el requisito obligatorio de utilizar la herramienta federal conocida como E-Verify, una base de datos gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que accede a información de la Oficina del Seguro Social (SSA) para determinar si un ciudadano o extranjero está autorizado para trabajar legalmente en Estados Unidos.
En resumen, la combinación de la amenaza de multas y prisión por trabajar sin documentos en Florida, junto con el requisito obligatorio de verificación de empleo a partir del 1 de julio, ha desencadenado un incipiente éxodo de trabajadores.
¿Cuántos trabajadores indocumentados han huido de Florida?
Por ahora, se estima que entre un 8% y un 10% de la fuerza laboral en el campo ha abandonado el estado.
El estudio señala que "si el estado determina que un empleador no ha utilizado E-Verify tres o más veces en un período de dos años, se le impondrá una multa de $1,000 por día y se suspenderán todas las licencias comerciales aplicables hasta que el empleador demuestre cumplimiento".
Esto podría representar una pérdida de $12,600 millones para la economía de Florida en un año, lo que tendría un impacto significativo en todo el estado.
Con información de Univision
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