2001.com.ve| AFP
El Congreso de Argentina inició el pasado jueves el tratamiento de una ley de emergencia económica, una prueba de fuego para el presidente peronista Alberto Fernández nueve días después de asumir el gobierno de un país "en virtual default".
"Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal", dijo Fernández en las redes sociales, momentos antes del comienzo de la sesión.
El gobernante Frente de Todos (FdT), liderado por el peronismo, logró el quórum a las 16h00 locales (19h00 GMT) para una sesión que se prolongará al menos durante 14 horas, según fuentes legislativas.
"La ley se llama de Solidaridad Social y es la palabra justa de lo que hace falta cuando la emergencia es económica, sanitaria, financiera, fiscal, de la deuda", anunció el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller.
El bloque que responde al expresidente liberal Mauricio Macri (2015-2019) y conforma la segunda minoría en la Cámara baja, anticipó su voto negativo.
"Reconocemos que en estos 4 años cayó la economía y aumentó la pobreza y la inflación, con deuda pública con problemas de liquidez.Pero también bajó el déficit fiscal y el gasto público primarios y bajó la presión impositiva.El desempleo bajó un poco ¿Estamos realmente en emergencia?", cuestionó el opositor Luis Pastori.
El proyecto, también llamado de Reactivación Productiva, aplica nuevos impuestos y congela por 180 días tarifas de servicios públicos, en un país cuya economía sufre una caída de 3,1% en 2019.
Antes de los debates, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete del gobierno instó a aprobar la ley al advertir la "economía está en virtual default y el 40% de nuestros habitantes está por debajo de la línea de pobreza"
Si Diputados la aprueba, el Senado -con mayoría peronista- está en condiciones de tratarla el viernes.
Dolar, impuestos, bonos
"Hay una realidad con la que hay que lidiar que es que el país no ha generado dólares", advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al explicar la aplicación de los nuevos impuestos que van desde la compra de divisas (30%) y las exportaciones agrícolas a los autos cero kilómetros, que aumentarán entre 25 y 54%.
Estos gravámenes van de la mano de otras medidas urgentes como bonos para las jubilaciones más bajas que están por debajo de la línea de pobreza, y más de 2 millones de tarjetas alimentarias para los más desfavorecidos.
El gobierno propone congelar por 180 días un cuestionado sistema automático de aumentos semestrales de jubilaciones, pero aseguró que otorgará incrementos por decreto a los niveles más bajos de los haberes.
La prometida alza en el impuesto a la compra de dólares puso en alerta a los argentinos, acostumbrados a ahorrar en divisas para hacer frente a la depreciación del peso (40% este año) y a la inflación (55%).
El tipo de cambio oficial cotizó el pasado jueves a 63,10 pesos por dólar, pero trepa hasta 76,60 en el mercado ilegal, en una Argentina a punto de iniciar las vacaciones estivales.
La medida profundiza el duro control de cambios que impuso Macri en noviembre pasado al restringir a 200 dólares el monto mensual autorizado para la compra, luego de haberlo liberado al asumir en 2015.
El gobierno de centroizquierda propone subir al 33% la tasa que grava las exportaciones de granos de soja y del 15% la que grava al maíz y el trigo, los tres principales cultivos de un país considerado una de las mayores potencias agrícolas del mundo.
Fernández anunció a último momento un pedido a los diputados a que fijen "compensaciones para los pequeños productores" agrícolas para que no sufran el alza del impuesto.
El poderoso sector agrario, el único que creció durante el último año según datos oficiales, rechaza el incremento del impuesto, que ya lo llevó a un duro enfrentamiento en 2008 con la entonces mandataria Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.
2019-12-20
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