La Comisión Europea ha dado un paso decisivo que impactará a miles de colombianos que buscan protección internacional en el continente. Tras meses de presión diplomática y advertencias, la UE ha decidido incluir a Colombia en la lista de "países de origen seguros".
El golpe a las solicitudes de asilo
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Vía rápida para el rechazo: Ser catalogado como "país seguro" permite a los Estados miembros de la UE (especialmente España, principal destino) desestimar con mayor rapidez las solicitudes de protección internacional de ciudadanos colombianos.
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Contexto exclusivo: Colombia es ahora el único país latinoamericano en esta lista, compartiendo categoría con naciones como Marruecos y Túnez, grandes emisores de migración irregular hacia Europa.
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Impacto histórico: En los últimos cinco años, esta vía de asilo había permitido a más de 200.000 colombianos establecerse en Europa.
Presión diplomática y advertencias
En la reseña y análisis que realiza El País, se explica que la medida es la culminación de una serie de presiones por parte de varios países europeos (Reino Unido, Alemania y España) ante el aumento de solicitudes de asilo, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos de la Convención de Ginebra.
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Advertencias colombianas: El propio Gobierno colombiano intentó disuadir a sus nacionales de solicitar asilo, advirtiendo que "este no es un trámite migratorio", buscando contener cifras para mantener la exención del visado Schengen.
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El precedente del Reino Unido: Londres ya había reinstaurado el requisito de visado a viajeros colombianos después de un notable aumento en las peticiones de asilo.
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Argumento de la UE: La Comisión justificó su decisión señalando que la tasa de reconocimiento de asilo para colombianos fue de apenas el 5% en 2024, lo que sugiere que la mayoría no cumple con los criterios de protección reservados a perseguidos políticos o refugiados de guerra.
¿Qué significa la decisión?
Aunque la UE reconoce la delicada situación de seguridad para líderes sociales y habitantes de zonas rurales en Colombia, sostiene que "la población no se enfrenta a persecución ni a un riesgo real de sufrir daños graves" que justifiquen el asilo.
En la práctica, la decisión busca acortar los plazos de examen de las solicitudes y acelerar las expulsiones de aquellos a quienes se les deniegue la protección.
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