2001.com.ve | EFE
La Farc, partido político de la antigua guerrilla colombiana, anunció este lunes que pedirá la intervención de la ONU y de la comunidad internacional para evitar que la paz sea "destrozada", en respuesta a la decisión del presidente Iván Duque de objetar parcialmente la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
"El partido político Farc solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (…) para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada", manifestó ese colectivo en un comunicado.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la solicitud la hace "conforme a los mecanismos previstos en el acuerdo de paz" y que acudirá además a la Corte Penal Internacional (CPI).
"También solicitaremos a la Corte Penal Internacional que refuerce sus mecanismos de observación e intervención en Colombia", afirmó el partido FARC, nacido del acuerdo de paz firmado por la antigua guerrilla con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016 para terminar más de medio siglo de conflicto armado.
La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Congreso en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anoche que objeta 6 de sus 159 artículos y presentará al Legislativo una reforma constitucional para hacerle unos cambios.
"Las seis objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria son objeciones políticas que carecen de sustento jurídico alguno. Tan evidente es esto que todas ellas han sido desestimadas por la Corte Constitucional", agregó el partido FARC.
Según el presidente, las objeciones las hizo porque, después de analizar la citada ley, concluyó que no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado.
La Farc atribuyó la decisión de Duque al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), mentor político del actual mandatario, así como al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ambos críticos del acuerdo de paz, y a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
2019-03-11
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