En un esfuerzo por combatir el ciberacoso y proteger la salud mental de los más jóvenes, el gobierno francés ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley que busca restringir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, a menos que cuenten con una autorización explícita de sus padres.
Según los promotores de la ley, esta es la etapa en la que los adolescentes tienen una mayor madurez cognitiva para gestionar los algoritmos y los riesgos de exposición pública.
Una postura firme contra los algoritmos
En un mensaje reciente dirigido a la ciudadanía, el presidente Emmanuel Macron fue tajante sobre los motivos detrás de esta regulación, apuntando directamente a la responsabilidad de las grandes tecnológicas.
"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Sus emociones no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos", afirmó el mandatario.
Para Macron, esta medida no es solo una cuestión de salud pública, sino de soberanía y protección de los valores republicanos frente a una "generación ansiosa" moldeada por el contenido digital infinito.
Puntos clave del proyecto de ley
La normativa, que ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, establece:
- Veto a los 15 años: los menores de esta edad no podrán abrir cuentas sin permiso paterno verificado.
- Móviles fuera de las aulas: ll proyecto también prevé prohibir los teléfonos móviles en los institutos, extendiendo una restricción que ya existe en los colegios de primaria.
- Multas globales: las plataformas que no implementen sistemas de verificación eficaces enfrentarán sanciones de hasta el 1% de su facturación mundial.
Una regla clara para las familias
El presidente defendió la urgencia de la ley argumentando que las familias y los docentes necesitan un marco legal que los respalde. "Buscamos una regla clara para nuestros adolescentes, las familias y los docentes", señaló Macron, subrayando que el Estado debe movilizarse para preparar a los jóvenes como "ciudadanos digitales" y no solo como consumidores.
A pesar del fuerte respaldo popular (cercano al 73% según sondeos), el debate sigue vivo en torno a la viabilidad técnica. Mientras el gobierno mira hacia ejemplos como Australia para la suspensión de cuentas, los expertos advierten que el uso de VPN y la privacidad de los datos de verificación siguen siendo los grandes obstáculos por resolver.
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