Grecia continuó hoy sin señal de televisión pública, con una coalición igual de enfrentada que en días pasados y bajo la presión de la troika de avanzar en las reformas.
El primer ministro conservador Andonis Samarás mantuvo hoy su línea de actuación unilateral y dejó desconectada la señal de la radiotelevisión pública, desoyendo las fuertes críticas de sus socios menores y la recomendación de la Comisión Europea de acatar la orden cautelar dictada ayer por el tribunal supremo administrativo.
El citado tribunal había dictado el lunes por la noche una orden que obligaba a la reanudación inmediata de la señal y establecía que ERT deberá permanecer abierta hasta que haya una nueva televisión pública operativa.
Lo que parecía una oferta que podía ayudar a los socios del tripartito a solucionar su crisis de Gobierno, no ha tenido por ahora el efecto esperado, pues cada parte interpreta el dictamen a su manera y la brecha entre los interlocutores parece haberse profundizado.
Los dos socios menores de la coalición, el líder de la izquierda moderada Dimar, Fotis Kuvelis, y el socialdemócrata de Pasok, Evángelos Venizelos, reclamaron el cumplimiento de la orden y acusaron al socio conservador de actuar ilegalmente.
En un comunicado, Dimar dijo que el hecho de no cumplir la orden cautelar, que era de "ejecución inmediata", constituye un "acto ilegal".
En términos similares se expresó Pasok, que exigió la ejecución inmediata de la orden, "como lo exige el respeto de la democracia" y afirmó que la demora no está justificada, pues quien "encontró una forma de detener en cuestión de horas la operación de la radiodifusión pública, debe hacer lo necesario para restaurarla".
También la Comisión Europea instó al Gobierno griego a respetar "por completo" la decisión del tribunal supremo administrativo.
A pesar de que los frentes se antojan irreconciliables de cara a la reunión de mañana -el lunes acordaron posponer al miércoles su debate sobre la crisis interna- el temor a las consecuencias que podría tener una ruptura del Gobierno parecen condenarlo al éxito.
Se espera que en la reunión de mañana Samarás presente a sus socios su propuesta concreta para la creación de un nuevo ente público.
Uno de los mayores temores de lo que podría conllevar la ruptura del tripartito y una convocatoria de elecciones anticipadas es el resultado impredecible que podría tener una nueva cita en las urnas.
Además del miedo a un nuevo auge de la ultraderecha, que ya ahora cuenta con 18 escaños, y con encuestas al alza, está el temor a un resultado que pueda hacer imposible la formación de un Gobierno, como ya ocurrió el año pasado en mayo, en unos comicios que tuvieron que repetirse tan solo un mes después.
Las presiones desde el exterior son extremas, como demuestran las reuniones urgentes que está teniendo el Gobierno con los jefes de la troika de acreedores, actualmente en Atenas para un nuevo examen.
En plena crisis de Gobierno son muchos los números que no cuadran: el programa de privatizaciones renquea, la reestructuración de la administración pública no avanza, el paro sigue alcanzando cifras récord y la deuda pública no retrocede.
El conflicto en torno a ERT tiene desde la troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central) una lectura muy clara: el despido de 2.650 trabajadores posibilitaría a Grecia cumplir con el objetivo que tiene marcado por el memorando firmado con los acreedores, que prevé la eliminación de 2.000 empleos antes de que finalice este mes.
El memorando contempla que todo desvío de los objetivos pactados conduce automáticamente a la aplicación de medidas correctivas, lo que se traduciría en nuevos sacrificios para una población castigada hasta el límite.
Uno de los desvíos que más preocupa a Atenas en estos momentos es el del programa de privatizaciones, que este año debería arrojar 2.600 millones de euros y que lejos de avanzar, está a punto de descalabrarse.
Tras el reciente fracaso de la venta de la gasística DEPA a la rusa Gazprom, ahora han surgido incluso problemas en el proceso de venta del monopolio de apuestas OPAP, que ya había sido adjudicado el mes pasado a un grupo greco-checo.
En la comisión de Finanzas del parlamento, el consejero delegado de la autoridad encargada de las privatizaciones, Andreas Taprantzís, lamentó que desgraciadamente no se ha dado a Grecia el tiempo que hubiera necesitado para reactivar su economía y generar así un atractivo para los inversores./EFE
Martes 18/06/13
(RB)