Las víctimas de la violencia postelectoral en Kenia de hace un lustro tendrán, con el inicio del juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) al vicepresidente del país, William Ruto, una buena ocasión para que se haga justicia, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En un texto firmado también por una treintena de grupos africanos pro derechos humanos miembros, la FIDH aseguró que el comienzo del juicio en La Haya a William Ruto, supuesto partícipe de las turbas, servirá para "desenterrar la verdad" sobre unos hechos que causaron unas 1.300 muertes a finales de 2007 y principios de 2008.
"El inicio de este juicio traerá esperanzas a las víctimas y sus comunidades, que no encontraron ayuda en los tribunales kenianos. Su cruzada ha sido larga y su sufrimiento, profundo", aseguró la vicepresidenta de la FIDH, Drissa Traore.
"El limitado alcance de la CPI, que solo se centra en los principales responsables, necesita que las autoridades locales investiguen y juzguen los crímenes cometidos a otros niveles", afirmó el texto de la FIDH.
"Sin embargo -continuó el comunicado-, más de cinco años después de la violencia, ha habido pocos esfuerzos del gobierno para asegurar la rendición de cuentas y las compensaciones a las víctimas".
Sin ir más lejos, el Parlamento keniano aprobó una moción para salir del Estatuto de Roma, que ofrece las bases de funcionamiento de la CPI.
No obstante, la salida no afectará a los procesos ya abiertos, ni limitará la jurisdicción del tribunal de La Haya sobre ellos.
Está previsto empiece el juicio al vicepresidente de Kenia, William Ruto, y al periodista Joshua arap Sang, ambos imputados por crímenes de lesa humanidad.
Ruto partió esta mañana hacia La Haya, y fue despedido en el aeropuerto internacional de Nairobi por un grupo de seguidores, informó hoy la prensa local.
El próximo 12 de noviembre se prevé que comience el proceso al presidente del país, Uhuru Kenyatta, también imputado por cargos similares, y elegido, al igual que Ruto, en las elecciones del pasado mes de marzo en Kenia.
"No son juicios a un presidente y un vicepresidente. Son procesos para establecer los hechos y la responsabilidad criminal individual por crímenes graves. Sus cargos deberían ser irrelevantes", afirmó el presidente honorífico de la FIDH, Patrick Baudouin.
Tanto Uhuru -hijo del primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta- como Ruto están imputados por la CPI por crímenes contra la humanidad por su presunta participación durante la violencia postelectoral de finales de 2007 y principios de 2008, que ocasionó unos 1.300 muertos y cientos de miles de personas resultaron afectadas.
Desde el inicio de las investigaciones de la CPI de los casos kenianos, varios testigos han desaparecido en circunstancias misteriosas, otros tantos han optado por zanjar su participación en los juicios, y algunos han admitido haber recibido amenazas.
Uhuru y Ruto fueron elegidos en los comicios del pasado marzo, que se desarrollaron en general de forma pacífica, frente a las elecciones de diciembre de 2007, que desembocaron en una ola de violencia político-tribalista, después del supuesto amaño electoral del ya expresidente Mwai Kibaki.
El caos cesó con la firma de un acuerdo, en febrero de 2008, para formar un Gobierno de unidad en el que Kibaki (de la mayoritaria tribu kikuyu) mantuvo la Presidencia, y Raila Odinga, de la numerosa comunidad lúo, fue designado primer ministro, un cargo creado "ad hoc".
La crisis condujo a una división en el país que todavía está por cerrarse, y por eso Kenyatta -tercer presidente kikuyu que accede al poder de los cuatro que ha tenido Kenia- abogó durante su investidura por trabajar como líder de "todos los kenianos" y buscar "una paz que promueva la unidad" de Kenia./EFE