La viuda del exespía ruso Alexander Litvinenko, envenenado en Londres en noviembre de 2006, pidió fondos para continuar su batalla legal a fin de obligar al Gobierno británico a autorizar una investigación pública sobre la muerte de su marido.
Con los ojos llenos lágrimas, Marina Litvinenko, acompañada de su abogada Elena Tsirlina, solicitó ayuda económica para proseguir con el proceso legal que ha emprendido ante el Tribunal Superior de Londres para que este revise la decisión del Ejecutivo de no autorizar dicha pesquisa.
"Realmente quiero llegar a la verdad, no puedo rendirme", dijo la viuda a los reporteros a las puertas del tribunal, donde se celebró una sesión preliminar sobre la muerte de su marido.
El problema para Marina Litvinenko es que, si el Tribunal respalda la decisión del Gobierno, ella debería pagar las costas legales, lo que, según ha asegurado, ascendería a unas 40.000 libras (unos 47.000 euros) y la llevaría a "perderlo casi todo".
Litvinenko debe decidir el lunes si quiere proseguir con el proceso judicial.
"Tengo que tomar decisiones duras, tengo 48 horas", afirmó, al tiempo que su abogada subrayó: "Estamos pidiendo dinero a la gente de este país".
El Tribunal Superior de Londres rechazó ayer proteger los bienes de la viuda del exespía ruso en caso de que su petición de revisión judicial no prospere.
El Gobierno británico denegó el pasado julio una petición para abrir una investigación pública sobre la muerte de Litvinenko, que fue envenenado en un hotel de Londres con la sustancia radiactiva polonio-210.
Ante la negativa del Ejecutivo de David Cameron a autorizar ese tipo de pesquisa, solo se desarrollará una investigación judicial forense, preceptiva en el Reino Unido en el caso de muertes en extrañas circunstancias.
"Con solo este tipo de investigación, quedará reducido a un caso forense", argumentó hoy la abogada, que subrayó que no podrá llegarse al fondo de lo sucedido.
Ya se ha confirmado que el juez forense encargado, Robert Owen, no tendrá acceso a material relevante del caso, como información de los servicios secretos, que el Gobierno no quiere desclasificar, por lo que había pedido la autorización para abrir una investigación pública más amplia. EFE