EFE
El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, aseguró hoy que "el empresariado español es un referente" en su país, donde "ojalá aumente su presencia".
La participación de la empresa española Sacyr en el conflicto de la ampliación del canal de Panamá no ha variado la opinión positiva que tiene este país sobre la inversión privada que recibe de España, dijo Álvarez de Soto en una entrevista con Efe.
"Se debe juzgar al empresariado español como un todo, en función de sus resultados, no en función de lo que una empresa española dentro de un consorcio, dentro de un contrato, haya hecho o dejado de hacer", opino el canciller panameño
"Panamá tiene muchísimas experiencias positivas con grandes, medianas y pequeñas empresas españolas, que ven en nuestro país una buena plataforma para proyectarse hacia Centroamérica y el Caribe", agregó
Consideró, además, "resuelto" a falta de unos "detallitos de forma" el conflicto en las obras del Canal de Panamá.
"Si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado que hay un entendimiento y que hay una reanudación de las obras, nosotros entendemos que sí se ha resuelto" el conflicto, dijo el canciller.
"Lo que puedo anticipar es que se ha llegado a un entendimiento que les ha permitido atender las inquietudes de parte y parte", recalcó.
"La inquietud del canal de Panamá es que el proyecto se termina sí o sí, y que no va admitir más retrasos del que ya se está dando en la obra", consideró.
Según Álvarez de Soto, "hay demasiado en juego para Panamá y hay demasiado en juego para el comercio internacional".
El adjudicatario de la obra de la ampliación del canal de Panamá, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por las constructoras española Sacyr e italiana Impregilio, exigió en diciembre pasado una inyección de 1.600 millones de dólares por sobrecostes y en febrero paró las obras por falta de fondos.
Las partes en conflicto han mantenido desde entonces unas negociaciones, formales e informales, que no han llegado a concluir en la firma de un acuerdo público definitivo, pero las obras se han reanudado parcialmente con el compromiso de inyectar desde cada lado, GUPC y ACP, 100 millones de dólares cada uno.
"Panamá ha sido muy clara desde el Gobierno, y ciertamente desde la ACP, que guste o no, es el interlocutor válido en este tema por disposiciones constitucionales de la república que tienen que ser respetadas por todas las partes", explicó el canciller panameño a Efe.
"El principio -continúo- ha sido muy sencillo, y es que las diferencias, los derechos, los deberes de las partes en conflicto se tenían que resolver y absolver en el marco del contrato".
"Eso es lo que mantuvo la ACP desde el primer momento que GUPC planteó sus reclamaciones y con sus altos y sus bajos en el curso de la negociación", agregó.
"Ahora faltan detallitos de forma, porque en el fondo está todo claro", aseguró en referencia a un acuerdo final.
Según el ministro, los respectivos gobiernos en representación de las partes implicadas se han limitado "a una labor de acompañamiento, porque hemos entendido que esto es un conflicto que debían manejar las partes contractuales".