DPA
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no quiso hablar de ETA en el debate sobre el estado de la nación ni de los verificadores internacionales que anunciaron el viernes su polémico desarme.
"No voy a hacer comentarios en esta Cámara sobre los últimos acontecimientos porque no merece la pena", zanjó el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por Aitor Esteban, diputado del grupo nacionalista PNV que gobierna actualmente la región del País Vasco.
"La solución de verdad es que ETA se disuelva porque es una organización terrorista. ¿Es tan difícil? ¿Por qué no se lo pide? ¿Tenemos que darle algo a cambio? ¿Por qué tengo que darle yo algo a cambio?", expresó en la línea que mantiene el gobierno de no diálogo con la banda.
El PNV acusó al Ejecutivo español de poner trabas al desarme de ETA. "¿Por qué no pone su Gobierno las condiciones para un desarme en la línea de otros que se han producido en otras organizaciones terroristas? ¿Qué es lo que desea su Gobierno, darle la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición", preguntó el diputado.
También Xabier Mikel Errekondo, parlamentario de la izquierda independentista vasca (Amaiur) criticó a Rajoy por estar "anclado en el inmovilismo" e "intentar obstruir cualquier avance" en el desarme de ETA, al tiempo que calificó el polémico desarme de ETA como "un hecho sin precedentes".
Durante la primera jornada de la cita parlamentaria más importante del año, el martes, Rajoy no hizo ninguna referencia a ETA, como se esperaba.
El debate arrancó cuatro días después de que los miembros de la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV), constituida en 2011, anunciara en España el sellado de un exiguo arsenal del grupo armado independentista tras medio siglo de atentados.
El gobierno rechazó el trabajo de los mediadores, que fueron criticados por otros sectores políticos y sociales después de que explicaran ante un juez que los etarras inutilizaron las armas, grabaron un vídeo mostrándolas -difundido por británica BBC- y volvieron a llevárselas.
ETA anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia tras haber matado a más de 800 personas para intentar conseguir la independencia del País Vasco del resto de España. El gobierno exige desde entonces la disolución de la banda.