Un tribunal chino ha denegado hoy la demanda de compensación que pedía una mujer que abrió el debate sobre los campos de reeducación tras haber sido encerrada en uno de ellos por protestar por la violación y prostitución de su hija.
La corte de Yongzhou (centro de China) declinó la petición de Tang Hui, que solicitaba 1.463,85 yuanes (236 dólares o 180 euros) a la Comisión de Reeducación de la ciudad en compensación por haber sido detenida durante ocho días en un campo de trabajo, informó la agencia oficial Xinhua.
El año pasado, Tang se plantó frente a los edificios gubernamentales de Yongzhou e inició una marcha para pedir un mayor castigo para los culpables de violar a su hija en 2006, cuando tenía once años, y de forzarla a prostituirse durante años.
Estas protestas provocaron su detención y el envío a un campo de reeducación durante 18 meses "por alterar seriamente el orden social y ejercer un impacto negativo en la sociedad", aunque la condena al final se redujo a sólo ocho días por la ola de críticas que desató la decisión tanto en las redes sociales chinas como en medios de comunicación afines al régimen comunista.
Tang decidió llevar su caso a juicio después de que un recurso administrativo a la propia Comisión, en el que pedía 1.000 yuanes (161 dólares, 123 euros) y una disculpa pública por el caso, fuese rechazado el pasado mes de enero.
En cuanto al caso de su hija, el año pasado el tribunal provincial de Hunan sentenció a muerte a dos de los secuestradores, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de prisión -cuatro cadenas perpetuas y una de quince años-.
Creado en 1955, durante los primeros años del régimen comunista fundado por Mao Zedong, el sistema de campos de reeducación sirvió para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra "derechistas" de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Según grupos pro derechos humanos críticos con Pekín, en estos campos de trabajo, muchos situados en emplazamientos secretos, hay cientos de miles de personas sin sentencia judicial (hasta 300.000, según algunas ONG).
Tras varios detenciones polémicas que generaron oposición hasta en el seno del régimen, el Partido Comunista de China (PCCh) abrió en enero pasado la puerta a poner fin a estos controvertidos centros.
El nuevo máximo responsable de seguridad de PCCh, Meng Jianzhu, uno de los ascendidos en el reciente relevo de la cúpula, anunció que el régimen dejará de usar estos centros (unos 350 en la actualidad), lo que fue recibido con moderado optimismo por organizaciones de derechos humanos.
Por el momento, sin embargo, organizaciones como Chinese Human Rights Defenders (CHRD) siguen denunciando detenciones arbitrarias y maltratos en estos centros.
El último caso es el de un campo de reeducación para mujeres en la provincia nororiental de Liaoning, cuyas dudosas prácticas han salido a la luz en varios medios de comunicación chinos y han provocado la ira de los internautas a principios de abril.
En este caso, las autoridades se comprometieron a llevar a cabo una investigación sobre tales revelaciones. /EFE