2001.com.ve | EFE
Los familiares de las víctimas de la llamada "Guerra del Gas", una revuelta social ocurrida en 2003 en Bolivia, insisten en que el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, sea juzgado en el país por las más de 60 muertes que dejó la represión militar y policial a esas manifestaciones.
Así lo afirmó el abogado de esas familias, Rogelio Mayta, en una entrevista con la radio Compañera con motivo de los quince años de aquella revuelta, que también se conoce como "octubre negro".
"Quince años después de esos amargos momentos de la masacre de septiembre y octubre de 2003 y, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, sentimos que no se ha logrado el objetivo fundamental, que era tener a los dos principales responsables de la masacre (…) acá en Bolivia, sometidos a la Justicia boliviana", lamentó Mayta.
Los principales responsables son Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y el entones ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, ambos radicados en EE.UU. desde 2003, indicó.
Según Mayta, no se ha renunciado "bajo ninguna circunstancia" a que ambos "sean juzgados aquí en Bolivia".
"Reiteramos lo que hemos pedido en todo este tiempo, en los últimos años, que las autoridades puedan redoblar esfuerzos, que se esfuercen en lograr la extradición. Sabemos que es complicado y difícil, pero eso no les quita la responsabilidad para que se queden cruzados de brazos", manifestó Mayta.
Sánchez de Lozada tiene pendiente un juicio en Bolivia por su supuesta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre de 2003.
Aquellas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.
La extradición de Sánchez de Lozada "está en manos de las autoridades de Estados Unidos" y "pasa por una decisión y una voluntad política" del Gobierno de ese país, declaró hoy a los medios el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Según el funcionario, se contrató a abogados en Estados Unidos para que estén pendientes de la solicitud de extradición y que no solamente ha trabajado la Fiscalía en ello, sino también ministerios como los de Exteriores y de Justicia.
"No ha habido una respuesta ni favorable ni negativa en lo que se refiere a la solicitud de extradición que se ha presentado", dijo.
Mayta indicó que lo concreto es que "Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no han sido extraditados y no se tiene una prueba tangible de las gestiones que ha hecho la Cancillería" con ese propósito.
Al margen del proceso en Bolivia, los familiares de las víctimas iniciaron un juicio contra ambos en Estados Unidos.
En abril pasado, el jurado del caso civil responsabilizó a las exautoridades bolivianas de las muertes de ocho personas en el "octubre negro" y fijó compensaciones por diez millones de dólares.
Sin embargo, un mes después, un juez estadounidense falló a favor de una moción del expresidente y el exministro, quienes, además, han reclamado que los abogados de las víctimas que llevaron la demanda en Estados Unidos paguen una parte de los gastos del juicio.
2018-10-17
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