La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó la petición de emergencia de la administración de Donald Trump y mantuvo suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de migrantes venezolanos. La decisión frena la reactivación automática del programa migratorio, prevista para este viernes 20 de noviembre de 2026 tras el vencimiento de una pausa previa emitida por un tribunal de apelaciones.
Bloquear la orden
El Departamento de Justicia acudió al máximo tribunal el miércoles 18 de noviembre para bloquear la orden del Tribunal de Distrito del Norte de California, que declaró ilegal la cancelación del beneficio. En su escrito, el procurador general D. John Sauer advirtió a los magistrados que el restablecimiento del amparo obligaría a las autoridades federales a liberar a cerca de 1.800 venezolanos bajo detención migratoria y paralizaría 332 órdenes finales de deportación listas para su ejecución.
TPS: argumentos legales
El litigio judicial enfrenta al Gobierno estadounidense con la organización Alianza Nacional TPS (National TPS Alliance), que demandó al Ejecutivo luego de que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anulara una extensión previa del programa y cancelara la designación correspondiente a 2023. El Gobierno sostiene en sus argumentos legales que la prórroga anterior expiró el 2 de octubre de 2026, por lo cual ningún beneficiario conserva cobertura vigente.
Postura de la administración Trump
Antes de esta intervención de la Corte Suprema, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó prolongar la suspensión del fallo favorable a los migrantes, aunque otorgó una pausa administrativa de 14 días desde el 6 de noviembre para permitir el recurso de emergencia. La administración Trump cuestionó esa postura y solicitó por tercera vez el auxilio de la Corte Suprema para evitar la emisión de nuevos permisos de trabajo y el bloqueo de expulsiones.
Con esta resolución, el máximo tribunal mantiene vigente la cancelación del TPS mientras los tribunales inferiores continúan el análisis de fondo sobre la legalidad de la medida tomada por el DHS. La decisión deja sin protección contra la deportación ni autorización laboral temporal a cientos de miles de ciudadanos venezolanos residentes en territorio estadounidense.
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