Organizaciones de la sociedad civil venezolana advirtieron este miércoles que la reforma a la Ley contra el Odio no ofrece una respuesta integral a las víctimas, al no contemplar la liberación de personas detenidas por causas políticas ni el cierre de sus expedientes judiciales.
A través de un comunicado conjunto firmado por 24 ONG de derechos humanos, entre ellas Provea y Espacio Público, los colectivos afirmaron que el proyecto "mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión".
Ambigüedad y castigo al disenso
Las organizaciones señalaron que el texto mantiene conceptos imprecisos como el de "hostigamiento", definido a partir de la "angustia, temor o zozobra" que pueda provocar una conducta.
"Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público", expresaron las ONG, al tiempo que reiteraron la exigencia de derogar la norma por vulnerar las garantías del debido proceso y la libertad de información.
El trámite parlamentario
El pronunciamiento surge un día después de que la Asamblea Nacional aprobara la propuesta en primera discusión, tras la solicitud presentada en septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Para su entrada en vigor, la reforma requiere una segunda discusión en el pleno.
Según el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, el proyecto busca sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, fijar procedimientos administrativos para medios de comunicación —eliminando la revocación de concesiones— y sancionar los mensajes de odio en redes sociales.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue redactada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Desde su promulgación, al menos 927 personas han sido imputadas bajo el delito de "incitación al odio", según registros presentados en septiembre por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos por causas políticas.
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