No fueron solo los terremotos. Los empresarios del país se enfrentan a otras “tragedias”, muchas de ellas de vieja data. Al repasar los análisis de los principales líderes del sector privado de Venezuela, la situación remite a fallos crónicos que ameritan una revisión profunda por parte de las autoridades del Estado.
Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), ofreció su diagnóstico sobre la realidad de su sector, un de los más afectados por la prolongada crisis económica. Durante su intervención en La Conversa 2001, junto a Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar, el vocero gremial detalló las prioridades del empresariado para devolverle la competitividad al país, centrando su análisis en tres ejes fundamentales: la presión tributaria, la política arancelaria y el debate sobre la dolarización de la economía.
López puso en la mesa los problemas, pero también aprovechó su participación en esta multiplataforma informativa para revelar las recetas que su gremio ofrece al país.
Carga tributaria que compromete la competitividad
Uno de los hallazgos más contundentes de la Encuesta de Coyuntura de Conindustria correspondiente al segundo trimestre del año ubica a la presión fiscal como el elemento de mayor impacto negativo sobre el desarrollo industrial y la competitividad en Venezuela. Según reveló López, el pago de tributos y contribuciones llega a comprometer hasta un 63% de la rentabilidad de las empresas, una cifra que asfixia la capacidad de reinversión y generación de empleos formales.
“Creo que hay que traer a los informales a la formalidad, si sea con un monotributo, un pago único, de manera que el Estado venezolano va a recaudar más y nos cargamos más a lo que viene siendo el empresariado que ya viene este pagando sus impuestos debidamente. Esa propuesta le hemos colocado en la mesa, porque también tienes por otro lado la falta de financiamiento”, explica el gremialista.
López también prende las alarmas con las cargas parafiscales. Entre estas destacan los aportes a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), el Seguro Social y la reciente contribución del 9% para la Ley de Pensiones, la cual coincide en propósitos con la seguridad social tradicional, generando una doble tributación sobre el mismo concepto.
A esta sobrecarga se suma el incumplimiento o falta de aplicación efectiva de la Ley de Armonización Tributaria por parte de diversos municipios y alcaldías, los cuales continúan fijando alícuotas arbitrarias. Ante este panorama, Conindustria ha presentado formalmente un paquete de ocho propuestas al Ejecutivo Nacional para construir una "nueva arquitectura tributaria":
- Retornar al lapso de pago del Impuesto al Valor Agregado de 15 a 30 días, tal como funcionaba anteriormente, para evitar el descalce de caja en las industrias.
- Eliminación de anticipos: Revisar la exigencia del pago adelantado del 1% del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
- Ampliación de la base tributaria: Reducir el número de empresas catalogadas obligatoriamente como "contribuyentes especiales" y formalizar al sector económico informal.
- Creación de un Monotributo: Incorporar a los comerciantes e industriales informales mediante un pago único simplificado, lo que incrementaría la recaudación del Estado sin sobrecargar a las empresas constituidas.
Esta sofocación fiscal se agrava con la contracción casi total del crédito bancario en el país. López precisó que la cartera crediticia nacional apenas representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 4.000 millones de dólares para todos los interesados en gozar de préstamos en Venezuela.
“Ese monto lo maneja una sola sucursal bancaria en Colombia. Nosotros tenemos esa cifra, pero a nivel nacional y para todos los sectores: industria, comercio y ciudadano común. Yo creo que todos los venezolanos tienen derecho a tener de tener nuevamente su crédito, su tarjeta de crédito”, afirma el dirigente empresarial.
La pesada carga de los aranceles
El segundo tema neurálgico para la industria nacional radica en las distorsiones de la política de aranceles e impuestos a la importación, un factor que en muchos casos beneficia al producto terminado importado en detrimento de la materia prima procesada localmente.
Tito López explicó esta asimetría al tomar como referencia el sector farmacéutico, ramo del cual posee amplia trayectoria como empresario. Mientras que muchos medicamentos terminados importados entran al país exentos de aranceles, los laboratorios y plantas nacionales deben pagar impuestos por la importación de materia prima o insumos básicos necesarios para su fabricación interna.
"Si para hacer una sopa necesitas el cubito, el pollo, los fideos y las legumbres, no es lógico que de esos cinco insumos pagues aranceles en tres o cuatro, mientras el producto final importado entra exonerado", ejemplificó el vocero. No obstante, reconoció que las últimas publicaciones en Gaceta Oficial han mostrado avances al pechar con aranceles a productos importados que compiten directamente con la manufactura venezolana.
Por otro lado, al abordar el caso del sector automotriz —donde las ensambladoras nacionales paralizaron sus operaciones y el parque automotor venezolano enfrenta un acelerado envejecimiento—, López cuestionó la aplicación de aranceles superiores al 40% para la importación de vehículos.
Como alternativa para reactivar la cadena de valor local frente a las nuevas importaciones (como los vehículos de origen chino), Conindustria propone establecer esquemas de integración nacional obligatorios:
- Uso de partes y piezas locales: Exigir que entre un 20% y un 30% de los accesorios de los vehículos ensamblados o importados provengan de la industria venezolana.
- Aprovechamiento de la capacidad instalada: Incorporar en las cadenas de ensamblaje elementos producidos en el país como pastillas de freno, neumáticos, rines, cableados, sistemas de iluminación y componentes plásticos.
La “papa caliente” de la dolarización
Respecto al debate sobre el esquema monetario que debe regir el futuro económico de Venezuela, la máxima cúpula industrial fijó una posición clara: Conindustria rechaza la dolarización plena e incondicional y aboga por la implementación de un modelo bimonetario formal. De esta forma toma como referente el caso exitoso de Perú.
López advirtió que una dolarización abrupta sin reformas previas en la legislación tributaria y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) generaría un impacto devastador sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
"Nosotros como sector, en Conindustria vamos a favor del bimonetarismo en este caso, que existan las dos monedas de circulación y que el Banco Central de Venezuela tenga autonomía", subrayó. Destacó que el modelo peruano ha permitido mantener la inflación cercana al 4% anual de manera sostenida, conservando la estabilidad macroeconómica independiente de los cambios políticos, con un presidente de su banco central con dos décadas en el cargo.
Para que este esquema bimonetario sea viable y garantice la competitividad empresarial, Conindustria señala que es imprescindible acometer las siguientes reformas de fondo:
- Reestructuración del marco laboral: Diseñar una nueva arquitectura en la Ley Orgánica del Trabajo que revise esquemas de inamovilidad laboral, procesos de reenganche, cálculo de prestaciones sociales y los aportes patronales.
- Modernización de la contratación colectiva: Adaptar las convenciones colectivas a las realidades operativas y cambiarias actuales.
- Privatización de empresas estatales ineficientes: Traspasar a la gestión privada aquellas empresas en manos del Estado que no son autosostenibles, transformándolas en unidades productivas generadoras de empleo y tributos para el Fisco Nacional.
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