La promulgación de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social introdujo una nueva obligación para el sector empresarial privado en Venezuela. Se trata de un tributo, técnicamente denominado “contribución especial”, que exige a las empresas pagar un porcentaje adicional sobre el total de los sueldos y bonificaciones pagados a su nómina laboral.
La Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social, vigente desde mayo de 2024, impone un tributo parafiscal que grava con una alícuota del 9 % el total de los pagos por nómina.
A diferencia de los tributos ordinarios como el Impuesto sobre la Renta (Islr), que mide las ganancias al cierre del ejercicio, o el IVA, que grava el consumo final, esta contribución afecta a cualquier persona jurídica o sociedad privada que cuente con al menos un trabajador en nómina. Sin importar si la empresa genera utilidades o trabaja a pérdida, el compromiso tributario debe saldarse de contado al cierre de cada mes.
El economista Luis Piña explica que esta contribución obliga a las organizaciones a disponer de bolívares líquidos al cierre de cada mes, de forma no postergable. “La diferencia clave es que no se paga sobre lo que la empresa gana, sino sobre lo que opera y paga a su personal. Esto no depende de si el negocio obtuvo o no utilidades al final del periodo”, precisa.
Al incorporar la alícuota del 9 %, el costo real de mantener un puesto de trabajo se eleva sustancialmente para el patrono. Sin embargo, ese esfuerzo económico adicional no ingresa a la cuenta bancaria del empleado, sino que se liquida a un fondo público administrado por el Estado. En consecuencia, la disponibilidad de caja de las empresas para otorgar ajustes salariales trimestrales o semestrales queda severamente mermada.
El economista Aaron Olmos alerta sobre la voracidad fiscal y la desproporción de los aportes en comparación con otros países de la región: “A diferencia de otras leyes que exigen tener más de 5 empleados para exigir contribuciones, la Ley de Pensiones aplica desde que tienes 1 solo trabajador. Por más pequeña que sea la unidad económica, ya entra en esta obligación mensual”.
Uno de los efectos colaterales más severos es el freno a la política salarial. Al incrementarse el costo operativo por cada puesto de trabajo, la contribución parafiscal compite directamente con el ingreso neto que podría recibir el trabajador.
Al destinar este 9 % al fondo estatal de pensiones, se reduce el margen financiero que las empresas programan anualmente para ajustes o aumentos trimestrales de sueldo. “Para la empresa aumenta el costo de la nómina, pero ese dinero no llega al bolsillo del trabajador como compensación directa. Al absorber este nuevo costo, la posibilidad de un aumento salarial se disminuye o simplemente no se presenta”, advierte Piña.
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