EFE
Un grupo de ONGs venezolanas iniciaron una campaña para promover la recientemente aprobada ley contra la discriminación a las personas que viven con VIH/sida que también protege a sus familiares y que plantea, entre otros aspectos, protección laboral y sanitaria, informaron hoy activistas.
La llamada "Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH y sus familiares" fue aprobada a mediados del año pasado en el Parlamento aunque obtuvo el visto bueno del jefe de Estado, Nicolás Maduro, en diciembre pasado "de forma muy callada".
El director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), Alberto Nieves, explicó a Efe que es ahora cuando se están llevando adelante campañas de difusión para informar acerca de la nueva ley que incluye la prohibición de despido a empleados en empresas públicas o privadas por ser portadores del VIH.
En Venezuela, según datos del Ministerio de Salud, existen unas 260.000 personas que viven con VIH/sida y 50.000 de ellos reciben el tratamiento que de forma gratuita les proporciona el Estado venezolano por mandato del Supremo desde hace más de 15 años.
Nieves indicó que en la nueva norma se establece que "está prohibida la discriminación en los centros de salud" y los médicos o enfermeros que se nieguen a prestar atención a las personas que viven con VIH/sida pueden recibir sanciones administrativas o incluso ser suspendidos para ejercer la profesión.
De igual forma, las clínicas privadas, hospitales públicos y sus servicios odontológicos "están obligados a recibir a personas con VIH, ofrecerles atención y trato digno", explica el activista.
La norma contiene, asimismo, la prohibición, que ya estaba establecida en una ordenanza del Ministerio de Salud, de exigir la prueba de VIH a una persona para aspirar a un cargo público o privado.
Además, en el artículo 15 de la ley se indica que: "Las personas con VIH/SIDA tienen derecho al pleno ejercicio de la patria potestad de sus hijos", por lo que la condición de salud de estos ciudadanos no puede ser interpretada "como un supuesto para la privación de la patria potestad".
"Tenemos que ir empoderando a la gente para que denuncien los casos porque la gente tiene miedo a denunciar. La ley quedará en letra muerta si no sensibilizamos, si no orientamos y si la gente no es un sujeto activo", dijo Nieves, representante de una de las ONG que impulsó la lucha por la gratuidad del tratamiento en los años 90.
Accsi, Avesa y Aliadas en Cadena siguen impulsando, con la financiación de la Unión Europea, el proyecto "Hacia una construcción colectiva de políticas publicas de derechos y salud sexual y reproductiva en Venezuela" que incluye la lucha en la prevención del embarazo adolescente y contra la violencia doméstica.
2015-04-02