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Numerosas organizaciones y profesionales han salido a la defensa de la naturaleza para tratar de establecer un balance en el que la esperanza de vida quede protegida ante el apetito desmedido, hambre en muchas ocasiones de la mega minería.
Latinoamérica es un terreno fértil para que esa desproporción se manifieste con más intensidad. Las noticias de Ecuador, Brasil, Perú, para citar las más frescas, dan razón de esas luchas, casi siempre desiguales.
Hoy, el sonido de las alarmas es más perceptible por celebrarse a nivel internacional el Día contra la Mega minería, una idea que dio a luz en México y tuvo inmediata resonancia en todo el continente.
Cuando movemos el foco al ámbito nacional, la atención se concentra en una vasta región del país que desde 2016 comprende el controvertido Decreto del Arco Minero.
Para los sectores ecologistas, en esos 111.843,70 km2 del Decreto, distribuidos en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas se comete un crimen contra el ambiente.
Para antropólogos y sociólogos, el atentado tiene además como víctimas, a muchas etnias que desde tiempos ancestrales ocupan parte de nuestro territorio.
Los sectores políticos adversos al Gobierno de Maduro ven en la consolidación del Decreto, la afirmación de la entrega del país a intereses extranjeros, toda una contradicción para quienes se jactan de proteger la soberanía nacional.
En la otra acera está el mandatario nacional; el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico; las empresas transnacionales, las mixtas ; los sectores castrenses, beneficiados con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg) y hasta las empresas y brigadas socialistas que ven en el oro, el diamante, el coltrán, la bauxita, el hierro, entre otros minerales un negocio, una oportunidad.
No se trata de detener la actividad minera, sostienen los especialistas, sino de tener presente que los intereses corporativos no pueden pasar por encima de la vida humana que depende del agua, del aire, del suelo y de las plantas y animales.
Forcejeo
A dos años de la publicación en Gaceta Oficial del Arco Minero, el pulso de partidarios y detractores ha escalado las más altas instancias de la crisis institucional venezolana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
La respuesta inmediata surgió de la Asamblea Nacional (AN), con la advertencia de los parlamentarios a las empresas internacionales involucradas, precisando que correspondía a esa instancia a darle validez al Decreto y a cualquier tipo de compromiso que de él se derivara.
Más inesperado fue el movimiento de sectores ligados al chavismo que, distanciados de Nicolás Maduro solicitaron la nulidad del Decreto con firmas de tres exministros del fallecido mandatario y uno de sus militares de mayor confianza.
En octubre de 2016, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente un recurso por falta “de pruebas suficientes”.
Más adelante, la destituida fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz hizo lo propio ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, lo que resultó en una orden de suspensión de las labores de exploración.
Sin pausa
Pues, el desarrollo del proyecto ha continuado, como también los esfuerzos de las ONG y diversas personalidades para concientizar al venezolano de lo que está en juego.
Una de esas organizaciones más activas en los reclamos es la plataforma “No al Arco Minero” que en foros, seminarios y visitas a los medios buscan informar de las aristas del Decreto.
Tierra de nadie
Poco después del inicio del proyecto del Arco Minero, se escucha la primera campanada, con la llamada Masacre de Tumeremo donde mueren 26 mineros en el municipio Sifontes, dejando al descubierto las debilidades de la empresa y los crímenes de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos.
2018-07-21
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