La reciente aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por parte de la Asamblea Nacional encendió las alarmas entre diversas organizaciones de derechos humanos (ONG).
Según las ONG, la ley está llena de filtros y ambigüedades que impiden una liberación real y sin condiciones para todos los afectados, reportó El Diario.
Las críticas se centran en que el documento final no cumple con las expectativas de las familias, quienes esperaban un cierre definitivo a la persecución judicial. Expertos señalan que la normativa deja por fuera periodos de tiempo cruciales y eventos específicos de confrontación civil, lo que reduce su impacto a solo unos pocos meses de los últimos 25 años.
Un cronograma de libertad
Voceros del Foro Penal indicaron que, aunque se esperaba que la amnistía cubriera desde 1999 hasta la actualidad, más de 14 años quedaron fuera del beneficio.
De los años que sí se toman en cuenta, solo se seleccionaron momentos específicos, dejando en el limbo legal a cientos de ciudadanos capturados en otras fechas. Se estima que, de los 156 meses que abarca el periodo histórico de mayor conflicto, la ley apenas contempla alrededor de 20 meses.
Exclusiones que frenan la reconciliación
Desde Provea se denunció que la ley contiene un exceso de limitaciones que no están contempladas ni en la Constitución ni en tratados internacionales. Entre los puntos que quedaron fuera del texto final y que las organizaciones consideran vitales se encuentran:
- Inhabilitaciones: no se eliminan las prohibiciones para ejercer cargos públicos dictadas contra líderes opositores.
- Retorno seguro: no existen garantías para que los exiliados regresen al país sin temor a ser detenidos, ni se menciona la restitución de sus pasaportes.
- Reparación de daños: la ley ignora la devolución de bienes incautados y la reincorporación de trabajadores despedidos por sus simpatías políticas.
En las afueras de los centros de reclusión, como la sede de la Policía Nacional en Miranda, los grupos que mantenían huelgas de hambre decidieron cambiar su estrategia.
Aunque levantaron la protesta extrema, iniciarán un "ayuno con propósito" y se mantendrán en vigilia permanente frente a las prisiones. Para ellos, el anuncio de la ley es solo un papel hasta que no se traduzca en boletas de excarcelación efectivas.
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