La entrada en vigencia de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda abre la puerta a un eventual descenso en el costo de los alquileres. El aumento proyectado en la oferta de inmuebles desocupados, impulsado por las nuevas garantías para los propietarios, podría presionar los cánones a la baja por la ley de la oferta y la demanda.
Por su parte, especialistas insisten en que se requerirá supervisión de un ente regularizador para frenar posibles abusos contractuales.
Durante el foro organizado por la Cátedra Libre Andrés Bello de Ética Cívica de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la abogada experta en temas inmobiliarios, Cora Farías, resaltó que el objetivo central del texto legal es generar confianza para que miles de propietarios vuelvan a colocar sus viviendas en el mercado.
A mayor cantidad de opciones disponibles para arrendar, la competencia entre arrendadores tenderá a estabilizar o reducir los precios mensuales.
Sin embargo, Farías advirtió que la norma debe acompañarse de controles para evitar distorsiones. "Yo espero que salga por ahí un organismo a regular esto, porque sí van a haber abusos", señaló la especialista, al explicar la importancia de velar por el cumplimiento estricto de las reglas sobre el ajuste de las tarifas.
¿Cuáles son las claves?
Uno de los aspectos clave de la legislación promulgada en agosto de 2026 es la limitación expresa a los reajustes de precio. La ley establece de forma clara que solo se permite un incremento al canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato, el cual puede pactarse por plazos libres, desde un mes en adelante, según lo acuerden los involucrados.
Además resalta que el pago debe realizarse tal y como el contrato lo especifique, ya sea en dólares, bolívares, euros o criptomonedas, ya que la normativa permite establecer cualquier moneda acordada entre ambas partes.
Cabe destacar que la nueva ley no tiene efecto retroactivo, por lo que solo los nuevos contratos firmados después del 7 de agosto de 2026 podrán regirse por el régimen especial.
Intentar forzar la firma de un nuevo contrato sobre una propiedad ya alquilada bajo la legislación anterior conducirá a litigios costosos e inútiles para el propietario. "Si van a hacer una nueva contratación, tiene que ser entre personas diferentes, totalmente distintas", señaló la especialista.
Confianza para los propietarios y los inquilinos
Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Diana Rodríguez, enfatizó que la norma busca corregir los desequilibrios del pasado sin sobreproteger a ninguna de las partes.
"Buscamos la equidad: que podamos establecer todo en el contrato. No proteger ni sobreproteger al arrendador, sino que haya equidad y que la cuota entre las partes se respete", afirmó la parlamentaria, destacando que el marco restituye la seguridad jurídica, la autonomía de la voluntad y reglas claras como la devolución de depósitos en la misma divisa acordada.
Si bien la nueva ley crea las condiciones para dinamizar el mercado habitacional y abaratar los costos por la vía de una mayor oferta, la protección del inquilino y del propio mercado dependerá de la regulación oportuna contra los abusos y de una correcta redacción de las cláusulas contractuales.
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