La Asamblea Nacional desarrolló el día de ayer una jornada de consulta pública sobre la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia dirigida a los medios de comunicación. La actividad estuvo encabezada por el primer viceministro del Parlamento, pedro Infante Aparicio, junto a diputados de la Comisión Especial encargada del proyecto.
Durante el encuentro se confrontaron visiones sobre el alcance de las sanciones administrativas, la despenalización de los delitos y las exigencias de derogación planteadas por representantes del gremio periodístico.
Al ofrecer declaraciones a la prensa, Infante explicó que la iniciativa nació por solicitud de la presidenta Delcy Rodríguez y recibió la conformidad constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 15 de octubre. El parlamentario destacó que el nuevo texto deroga los artículos con penas de prisión para sustituirlos por un enfoque preventivo y socioeducativo, e incluso contempla una propuesta para reformar el título de la norma a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto.
Asimismo, aseguró que el equipo legislativo trabaja en incorporar entre ocho y diez definiciones claras para evitar la discrecionalidad en la aplicación de la norma, dado que la ley de 2017 carecía de conceptos precisos.
Respecto a las preocupaciones del sector comunicacional sobre las multas y el órgano sancionador, el primer vicepresidente del Legislativo anunció ajustes importantes antes de la segunda discusión. Infante reconoció que los montos planteados inicialmente en el borrador resultan elevados y prometió reducirlos para equilibrarlos con medidas socioeducativas y disculpas públicas.
Además, indicó que evalúan sustituir al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz como ente sancionador por una instancia distinta o una comisión tripartita, tras recoger propuestas similares en consultas previas como la realizada en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, el debate dentro del hemiciclo reflejó discrepancias sobre el futuro del instrumento legal. Periodistas en ejercicio y abogados asistentes advirtieron sobre el temor a ejercer el oficio bajo amenazas de multas o detenciones arbitrarias, por lo cual solicitaron la anulación total de la normativa.
En esa misma línea, diputados de la oposición parlamentaria rechazaron un simple cambio de forma y recordaron que el país contabilizó 927 imputados bajo esta legislación. Los parlamentarios opositores insistieron en que la convivencia ciudadana requiere confianza en las instituciones y no estructuras basadas en la coacción.
Por su parte, otros comunicadores y estudiantes de comunicación social presentes en la audiencia respaldaron la transformación de la ley hacia un modelo ético y formativo, aunque pidieron revisar con cautela la despenalización de los mensajes de guerra.
Ante las posturas opuestas entre el Colegio Nacional de Periodistas, que exige la derogación, y los sectores que piden mantener el texto intacto, Infante descartó convocar un referéndum consultivo y ratificó que el proyecto avanzará hacia su segunda discusión en plenaria bajo una fórmula de consenso.
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