Amnistía Internacional denunció que la Ley Constitucional contra el Odio se consolidó como un instrumento de represión, control social y censura estructural diseñado por las autoridades venezolanas para silenciar el disenso, amedrentar a la prensa y justificar detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Para la organización defensora de derechos humanos, la normativa incumple frontalmente tratados internacionales vinculantes para el Estado venezolano, como el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos. El principal vicio radica en el uso de términos vagos y ambiguos sobre lo que constituye el "odio", lo que deja la interpretación de la norma a la absoluta discrecionalidad de las autoridades, vulnerando de forma directa el principio de legalidad.
De acuerdo a los registros documentados de Amnistía, la aplicación de esta legislación en el sistema de justicia penal no responde a un mecanismo de prevención contra la violencia o la discriminación, sino a una política de persecución sistemática. La ONG confirmó que los arrestos ejecutados bajo el amparo de esta normativa encajan en patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos. utilizados para encarcelar y neutralizar a ciudadanos que asumen una postura crítica o exigen cambios en la gestión pública.
Asimismo, Amnistía Internacional señaló que, a pesar de las modificaciones introducidas, el cuerpo legal se mantiene como un "faro autoritario" contrario al principio de proporcionalidad, lo cual transita desde la imposición inicial de penas draconianas de 10 a 20 años de prisión hasta esquemas de multas elevadas orientadas al control social.
El saldo del uso de esta herramienta penal sobre el espacio informativo ha sido catalogado por la entidad como devastador, al haber institucionalizado un ambiente de autocensura generalizada en la sociedad civil y los medios de comunicación.
Criminalización digital
La ley ha sido utilizada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa y usuarios comunes por el simple hecho de informar o emitir opiniones sobre la gestión gubernamental en redes sociales.
A nivel institucional, los portales web y medios tradicionales han operado bajo la amenaza constante de bloqueos digitales o la revocatoria de concesiones de radio y televisión ante la difusión de contenidos incómodos para las autoridades.
Para Amnistía Internacional, este conjunto de restricciones representa, en esencia, un bloqueo absoluto al derecho fundamental de la población a buscar, recibir y difundir información de manera libre.
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