Nuevo Herald
En una clara manifestación de su alarmante impopularidad, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta grandes problemas para movilizar a sus bases, y menos de un millón de personas votaron en las primarias del oficialista PSUV para las elecciones parlamentarias de diciembre pese a reiteradas amenazas lanzadas contra empleados públicos de que la abstención podría costarles sus puestos, dijeron fuentes cercanas a la situación.
La escasa participación es una de las principales razones por las que el régimen procedió a inhabilitar las candidaturas de algunos de los más populares dirigentes de la oposición y a buscar desmoralizar a sus oponentes de cara a unas elecciones que no puede darse el lujo de perder.
Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el número real de votantes de las primarias del 28 de junio fue mucho menos de un tercio de los 3.16 millones que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció oficialmente, situación que genera gran preocupación en la cúpula del chavismo.
“Lo que quedó claro de las primarias es que fueron un fracaso total y absoluto. Metieron mucha intimidación a los funcionarios públicos para que fueran a votar, y la gente no les fue”, dijo una de las fuentes.
“Estos son funcionarios públicos, inscritos en el PSUV, que no fueron a votar. Les amenazaron con: ‘si no vas, te boto’ y no fueron. No les dio la gana, en total rebeldía”, añadió la fuente.
Y no fueron a votar pese a que el propio Maduro reiteró públicamente, aunque de una manera más velada, las amenazas que muchos de los empleados públicos estaban recibiendo en sus puestos de trabajo.
“Sí vamos a tener acceso. Sí vamos a ejercer nuestro derecho. Está quedando el registro electoral de todos los que votan en estos procesos, sabemos quién vota y quién no”, dijo Maduro en vista de la escasa participación.
El régimen, que desde hace años hace seguimiento de quiénes son sus amigos y quienes le adversan, ha generado en el país una especie de apartheid económico, en el que los opositores están excluidos de recibir los servicios y beneficios sociales que otorga a sus seguidores.
En esta ocasión, sin embargo, el gobierno optó por no castigar a los empleados públicos que no salieron a votar durante las primarias.
“Eran demasiados. Eran casi todos”, dijo una de las fuentes, al resaltar que poco más de un 10 por ciento de los más de siete millones de militantes del PSUV participó en los comicios y quizás un 20 por ciento del total de votos que el chavismo obtuvo en las elecciones parlamentarias del 2010.
“Eso generó un debate interno, una gran discusión en la cúpula. El debate era entre: ‘Si no los botamos perdemos autoridad’ y ‘Si los botamos, ahí si que perdemos el voto en diciembre’”.
Al final no tomaron represalias, al menos no masivamente, pero el régimen tomó nota de que la abstención es un problema mucho mayor de lo que se temía inicialmente en medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país y una popularidad de Maduro que ronda el orden del 15 por ciento.
Analistas consultados dijeron que ante la escasa participación de sus bases el régimen ha optado por incrementar sus esfuerzos por desmotivar el voto opositor, implementando una serie de medidas como la arbitraria inhabilitación de algunas de sus candidaturas clave.
“Están tratando de enviarle un mensaje al país de que no importa lo que la oposición haga, que son ellos (el chavismo) los que controlan el aparato electoral y que no hay manera de que ellos (los opositores) vayan a ganar”, comentó desde Londres Diego Moya, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane’s.
“Los números de ellos están muy bajos, y es por eso que están fomentando la antipolítica”, agregó.
En lo que muestra una vez más el control que ejerce sobre el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral, el régimen procedió a inhabilitar de funciones públicas a dirigentes clave de la oposición, incluyendo al ex gobernador de Zulia, Pablo Pérez, al ex alcalde Enzo Scarano, al encarcelado ex alcalde Daniel Ceballos, y a la congresista María Corina Machado.
Para los expertos, esas y otras medidas, como el anuncio a último minuto de que el 40 por ciento de los candidatos de la oposición deben ser mujeres, son inconstitucionales.
“Aquí ya no se cuidan las formas, aquí lo que se ha buscado es simplemente establecer un proceso revolucionario, que son fuentes distintas a la constitucionalidad, fuentes distintas a la legitimidad”, advirtió desde Caracas el abogado constitucionalista Leonardo Palacios.
El que Maduro aplique estas medidas no genera gran sorpresa entre la comunidad internacional, que ya conoce bien las tácticas ventajistas y amañadas bajo la cual la oposición se ve obligada a competir.
Son condiciones que en el pasado han dejado serias dudas sobre los resultados electorales en Venezuela.
Y ahora que la popularidad de Maduro está por el piso, no sorprende que el régimen redoble el uso de medidas arbitrarias que atentan contra la transparencia de los comicios, dijo desde Buenos Aires, Gillermo Lousteau Heguy, integrante del consejo del Instituto Interamericano para la Democracia.
“Era bastante predecible que sucediera esto, y Maduro va seguir haciéndolo”, dijo Lousteau. “Para él va a ser muy complicado ganar la elección, y va a utilizar todas las artimañas que tenga a mano para que estas elecciones sean amañadas, ya sea inhabilitar a los candidatos, o perseguirlos”.
Pero las artimañas juegan en contra del objetivo central que el régimen busca con las elecciones, la legitimación.
“Ellos creen que habiendo elecciones, al día siguiente ya están legitimados, y que nadie se da cuenta de las cosas que ellos hacen antes de las elecciones, el uso de los fondos públicos, la inhabilitación, la persecución y que nadie se da cuenta de eso”.
En eso están equivocados, dijo Lousteau, al asegurar que cada vez hay menos pasividad internacional respecto a lo que ocurre en Venezuela.
Información de El Nuevo Herald
2015-07-22