La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática quedó oficialmente publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.990 Extraordinaria, lo que marca su entrada en vigencia de manera inmediata tras ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN).
El artículo 7 es el punto más sensible del texto y fue finalmente aprobado con modificaciones luego de que su discusión se aplazara el 12 de febrero.
La versión publicada establece que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” dentro del período comprendido entre 1999 y 2026, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho”, refiere Finanzas Digital.
La novedad es que permite que personas en el exilio presenten la solicitud mediante un apoderado, sin necesidad de regresar al país para iniciar el trámite.
Por lo que una vez presentada la solicitud, la persona “no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta Ley” y deberá comparecer posteriormente ante el tribunal competente para recibir el beneficio.
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El artículo 8 enumera uno por uno los hechos cubiertos por la amnistía, desde el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero, las protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017 y 2019, hasta los episodios vinculados a las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios regionales y legislativos de 2025.
El artículo 9 deja fuera de la amnistía los delitos que la Constitución declara imprescriptibles: violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
También excluye homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos de corrupción.
Además, el texto excluye a quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial” de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
Con la publicación en Gaceta Oficial, comienza ahora la fase operativa: los tribunales deberán evaluar solicitudes, eliminar antecedentes y revisar sentencias.
El artículo 11 fija un plazo máximo de 15 días para que los jueces decreten los sobreseimientos correspondientes.
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