Rocío San Miguel: Sin transformación del sector seguridad y defensa no habrá una transición completa en Venezuela

La presidenta de Control Ciudadano considera que el acuerdo técnico-militar entre Venezuela y Estados Unidos abre una oportunidad histórica para modernizar la Fuerza Armada

Jueves, 19 de noviembre de 2026 a las 05:57 pm
Luis Rivero

Erys Wilfredo Alvarado

ealvarado@dearmas.com

CNP 10.136

En una cafetería de Altamira, lejos de los auditorios y de los escenarios de confrontación política, Rocío San Miguel habla de reformas, instituciones y futuro. La abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano observa en el reciente acuerdo de cooperación técnico-militar entre Venezuela y Estados Unidos mucho más que un simple acercamiento bilateral.

Considera el convenio de cooperación técnico-militar con el gobierno de Trump como una oportunidad para replantear la arquitectura de seguridad del Estado y corregir distorsiones acumuladas durante más de dos décadas.

Su diagnóstico parte de una convicción: la transición democrática venezolana no podrá completarse mientras permanezcan intactas las estructuras de seguridad, defensa e inteligencia construidas durante los últimos años. Para ella, el debate sobre magistrados, elecciones o acuerdos políticos resulta insuficiente sin una transformación paralela de la Fuerza Armada, las policías y los organismos de inteligencia.

Luis Rivero

Regreso de una cooperación histórica

La especialista recuerda que entre 1970 y 2005 Venezuela mantuvo una relación sostenida de cooperación militar con Estados Unidos, que marcó buena parte de la doctrina profesional de la Fuerza Armada. La ruptura de ese vínculo, seguida por el embargo de armas impuesto en 2006, alteró significativamente el mapa de alianzas militares del país.

A su juicio, aquella decisión terminó empujando a Venezuela hacia otros proveedores estratégicos. “Abrió el mercado de lo que significó el mayor ingreso petrolero de la historia de Venezuela a nuevos proveedores, fundamentalmente Rusia y China”, sostiene.

Dos décadas después, detalla que el escenario es distinto. Ve en la cooperación con Washington una posibilidad para actualizar capacidades, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la interoperabilidad y facilitar el regreso de Venezuela a los mecanismos regionales de seguridad.

Sin embargo, subraya que el principal trabajo corresponde a los venezolanos. “Esto es un viento favorable, pero va a depender de nosotros hacer la transformación real de la Fuerza Armada Nacional”, afirma.

La comisión para transformar la seguridad

El eje central de sus planteamientos gira en torno a la creación de una comisión permanente para la transformación del sector seguridad y defensa. Según explica, esta instancia debería integrar a representantes de los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, especialistas civiles y organismos de cooperación internacional.

La meta sería elaborar una hoja de ruta capaz de abarcar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, las policías estadales y municipales, además de los organismos de investigación.

“Sin transformación del sector de la seguridad y defensa no va a haber una transición completa en Venezuela, porque va a amenazar incluso la viabilidad de la transición”, advierte.

Entre las tareas prioritarias menciona la revisión de leyes, el fortalecimiento de los controles presupuestarios, la protección de las fronteras y el combate a las redes vinculadas con el narcotráfico y otras economías ilegales infiltradas en instituciones del Estado.

También cree indispensable diseñar políticas específicas para una frontera compleja que conecta a Venezuela con una extensa fachada marítima y numerosos vecinos regionales, escenario donde confluyen amenazas asociadas al crimen organizado y grupos armados irregulares.

Transparencia y controles democráticos

Otro de los puntos que más preocupa a la presidenta de Control Ciudadano es la falta de información pública sobre los términos concretos del acuerdo con Estados Unidos.

“La opacidad en la gestión pública no es un buen consejero; por el contrario, hace mucho daño a esa democracia que queremos construir”, señala.

Por ello plantea que la Asamblea Nacional asuma un papel más activo mediante comisiones especializadas capaces de supervisar la ejecución de convenios sensibles relacionados con defensa y seguridad. Desde su punto de vista, se debería recurrir a mecanismos de confidencialidad parlamentaria similares a los existentes en democracias consolidadas.

A esos controles legislativos suma la necesidad de una supervisión judicial efectiva. “Sin controles democráticos, sin la subordinación del poder militar al poder civil, cualquier transformación en la Fuerza Armada es nula”, enfatiza.

Con respecto a especulaciones sobre una eventual presencia militar permanente estadounidense, recuerda que la Constitución prohíbe expresamente las bases extranjeras en territorio venezolano. No obstante, sí ve factible la realización de ejercicios conjuntos e intercambios operativos autorizados por el Parlamento.

En ese contexto, anticipa que Colombia podría convertirse en un socio fundamental para combatir el narcotráfico y los grupos irregulares que operan en zonas fronterizas.

Una reforma que también pase por la justicia

A juicio de la experta, la transformación institucional no termina en los cuarteles. También exige cambios profundos en el sistema judicial y en los organismos de inteligencia.

Subraya que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral debe avanzar de forma paralela con una reforma de la seguridad nacional. De hecho, atribuye a la creación de la comisión de seguridad y defensa el mismo nivel de importancia política que la designación de nuevas autoridades judiciales y electorales.

Asimismo, plantea sustituir progresivamente a los jueces provisorios por funcionarios seleccionados mediante concursos públicos y revisar la continuidad de los tribunales antiterrorismo.

En materia de derechos humanos, sostiene que numerosos expedientes contra presos políticos deberían cerrarse por las reiteradas violaciones al debido proceso.

“Solamente con las violaciones al debido proceso, esos juicios quedan inválidos”, argumenta

Inteligencia para proteger, no perseguir

Si tuviera la oportunidad de conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegura que uno de sus primeros planteamientos sería la transformación del Sebin y de la Dgcim.

Está convencida de que ambos organismos deben abandonar una doctrina que identifica como enemigos a quienes ejercen la crítica o la disidencia política.

“Deben dejar de visualizar como enemigos a quienes son críticos, disidentes u opositores. Eso significa cambios en la doctrina de empleo y cambios en la reglamentación”, sentencia.

La especialista en temas de defensa asegura estar dispuesta a participar en cualquier esfuerzo de reforma institucional que contribuya a profesionalizar los cuerpos de seguridad y fortalecer las garantías democráticas.

Mensaje para los “presos políticos”

Antes de concluir la conversación, la activista dirige unas palabras a los familiares de las más de 400 personas que permanecen detenidas por razones políticas, según denuncias de la dirigencia opositora.

Los llama a “no perder la fe, no perder la esperanza. Hay momentos muy oscuros en los que uno siente que no habrá libertad, pero la libertad termina por llegar”.

Confía en que las decisiones políticas pendientes permitan acelerar reencuentros largamente esperados y abrir una etapa de reconciliación nacional.

“Yo aspiro a que sea muy pronto”, concluye.

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