Los pensionados y jubilados deben tramitar este documento principalmente ante las oficinas de Registro Civil de su jurisdicción parroquial o municipal.
Este certificado actúa como la prueba legal definitiva de que una persona física existe y posee plenas facultades para ejercer sus derechos económicos.
Sin este respaldo, las instituciones públicas como el IVSS o las cajas de ahorro de entes gubernamentales detienen el desembolso de fondos para proteger el patrimonio del Estado contra cobros indebidos de personas fallecidas.
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció recientemente el inicio del proceso de actualización de fe de vida 2026.
¿Cómo gestionar el documento?
El solicitante debe presentar su cédula de identidad laminada (original y copia) y, en algunos municipios, un recibo de servicio público o constancia de residencia que valide su domicilio actual.
Estos son algunos de los requisitos que solicitan:
- Planilla de recepción de la Alcaldía.
- Recibo de servicio público.
- Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
Este trámite es gratuito y no se debe cancelar ningún costo para obtenerlo.
Los registradores civiles emiten el documento de forma inmediata tras verificar la identidad del ciudadano en el sistema, entregando una boleta con firma electrónica y código QR que facilita su verificación ante bancos y seguros sociales.
Normalmente, este documento tiene por lo general un lapso de tres meses, pero en algunos lugares piden que sea más reciente, luego debe llevarlo a recursos humanos de su antiguo trabajo.
Más allá de ser un requisito para cobrar la pensión, la fe de vida cumple funciones críticas en la administración de justicia y el derecho civil.
Los organismos que dan Fe de vida son:
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Registro Civil.
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Alcaldías municipales.
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Ministerio Público.
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Defensoría del Pueblo.
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Centro Nacional Electoral (CNE).
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Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El 19 de enero de 2026, en el estado de Portuguesa, se activó una jornada especial para jubilados y pensionados para que actualizaran sus registros y datos.
Este documento, sirve para mantener activos los seguros de vida, las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y los planes de previsión funeraria.
En procesos judiciales, como los juicios de divorcio o las demandas por alimentos, el documento certifica que las partes involucradas están presentes para responder ante la ley.
En el sector privado, las empresas lo utilizan para validar la supervivencia de beneficiarios de fideicomisos o rentas vitalicias.
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