Dos individuos fueron aprehendidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Cumaná por presuntamente extorsionar a una mujer, a quien le exigían 1.000 dólares a cambio de no difundir fotografías íntimas suyas.
Los detenidos fueron identificados como Ángelo Javier Salazar González, de 35 años de edad, y Jean Carlos Noriega Padilla, de 32 años, quien es la expareja de la víctima.
La detención se llevó a cabo en las últimas horas en la avenida Carúpano, parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre.
¿Qué se conoce sobre la detención?
El director del CICPC, Douglas Rico, informó que gracias a las investigaciones de campo realizadas por los agentes se descubrió que ambos hombres habían extorsionado a la mujer por la suma de $1.000.
De acuerdo con la fuente policial, la modalidad utilizada fue el chantaje y la amenaza de difundir en las redes sociales las fotos íntimas que poseía su expareja.
Para llevar a cabo el crimen, Noriega contactó a Salazar, quien, motivado por los celos, decidió proceder con la extorsión al no aceptar la ruptura de la relación.
Además, en la operación, los funcionarios lograron incautar dos teléfonos inteligentes de diferentes marcas. Ambos individuos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 11 del Ministerio Público para que se realice el debido proceso judicial.
Otro hombre fue capturado por el delito de extorsión
Un hombre identificado como Ramón Alberto Fernández Castellanos fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el estado Zulia por el delito de extorsión.
El detenido estaba siendo activamente buscado por las autoridades, ya que figuraba como solicitado en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
La captura se produjo en la urbanización Nueva Venezuela, parroquia Libertad, municipio Lagunillas, del estado Zulia.
El detenido se encontraba requerido por el Juzgado Segundo de Juicio del estado Zulia, extensión Cabimas. Ahora, fue puesto a la orden del Ministerio Público, ente que continuará con las investigaciones y determinará las acciones judiciales correspondientes.
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