Ante la creciente sensación inseguridad que se ha registrado en distintos lugares de Perú, y que ha cobrado la vida de ciudadanos locales y también venezolanos, se ha impulsado la demanda de chalecos antibalas camuflados en chaquetas.
Esta alternativa permite a los usuarios contar con una protección ante posibles ataques violentos, sin llamar la atención.
Las prendas han sido adquiridas principalmente por empresarios, transportistas y ciudadanos preocupados por su seguridad.
Según especialistas del sector, el interés por estos elementos aumentó en los últimos meses, debido al incremento de asaltos, extorsiones y otros delitos registrados en distintas regiones.
Aumento en interés por prendas de seguridad
De acuerdo con la publicación de Panamericana, las casacas blindadas pueden ofrecer un nivel de protección similar al de un chaleco antibalas convencional, pero con una apariencia discreta.
Johan Tintaya, experto en seguridad táctica, señaló que cada vez más personas buscan este tipo de prendas para reducir riesgos en sus actividades diarias. Explicó que la demanda ya no se limita a personal de seguridad o empresas privadas, sino que también incluye a ciudadanos que desean reforzar su protección personal.
Asimismo, el empresario indicó que los usuarios valoran la comodidad y el diseño de estas casacas, las cuales permiten salir a la calle sin mostrar que llevan un sistema de protección.
Frente al avance de la delincuencia, este mercado continúa creciendo como una respuesta a la necesidad de seguridad de la población.
Delincuencia cobra la vida de trabajadores venezolanos
Los crímenes relacionados con robos y extorsiones han cobrado la vida de trabajadores venezolanos radicados en Perú, entre ellos, varios conductores del transporte público y empresarios.
Uno de los crímenes más relevantes ocurrió a finales del año pasado, cuando un conductor venezolano de transporte público fue asesinado a tiros mientras conducía una unidad de la empresa Lipetsa.
La víctima quedó identificada como Daniel José Cedeño Alfonso. El hecho ocurrió cerca del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú.
El asesinato derivó en un paro de transporte, debido a que los choferes exigían mayor seguridad, ante el temor de salir a trabajar en condiciones de inseguridad.
En otro hecho violento murió el conductor venezolano Edgar Alexander Vargas Solís, de 47 años.
Dos sujetos serían los responsables del ataque. Para realizar el atentado, uno de ellos fingió ser un pasajero para detener el vehículo; mientras que su cómplice abrió la puerta y disparó contra el chofer.
Los dos crímenes estuvieron relacionados con bandas dedicadas a la extorsión
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