2001online.com | NP
Familiares de más de 80 privados de libertad que se encuentran en la sede de la Brigada Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Hatillo, estado Miranda denunciaron tratos inhumanos en contra de los reos.
“Entendemos que dentro de los calabozos deben hacer requisas para mantener el orden y evitar la violencia, pero hacen revisiones dos veces a la semana y les botan sus pertenencias personales”, sentenciaron los desesperados parientes, quienes aseguraron que buscaron apoyo en diversas instancias gubernamentales, pero hasta la fecha no tienen respuesta.
“Los dejan sin ropa, sábanas, cepillos dentales, hasta les botan los envases de la comida, del agua, entre otras cosas. Como si esto fuera poco, les dan fuertes palizas que nos hacen temer por su vida”, añadieron.
En medio de la angustia por el bienestar de los privados de libertad, padres, esposas, hermanos e hijos claman por la ayuda del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, las cuales son instituciones capacitadas para ejecutar una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre las acusaciones por maltratos dentro de los referidos calabozos.
Pocos alimentos y nula comunicación
A pesar de que los familiares llevan la comida a los reclusos, indican que les resulta imposible hacerlo a diario por las restricciones propias de la cuarentena obligatoria por el COVID-19.
No obstante, logran el cometido por lo menos dos veces a la semana, pero aseguraron que más de la mitad de los detenidos no reciben los insumos. De igual manera aseveraron que no han tenido comunicación con sus familiares por ninguna vía, por lo que no tienen información de sus condiciones de salud.
Reanudación de tribunales
Familiares de los presos relataron que desean que los procesos judiciales sean reactivados, pues muchos esperan por una audiencia preliminar para salir en libertad o iniciar un juicio.
En cuanto a los traslados a los recintos penitenciarios, les indicaron que no hay cupos y la única opción que les ofrecieron fue para el estado Lara. “Si nos cuesta movernos aquí entre Caracas y Miranda para traerles comida, imagine que se lo lleven para un penal lejos. No podremos verlos”, expresaron con temor los denunciantes.