Prensa Ministerio Público
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que los hechos de violencia registrados en varios estados del país, desde el pasado miércoles 12 de febrero, dejaron como resultado ocho personas fallecidas, 137 heridas y 24 personas privadas de libertad.
Así lo indicó en el programa Justicia y Valores, transmitido este viernes 21 de febrero por el Circuito Unión Radio (90.3 FM), durante el cual explicó que cuatro de las muertes ocurrieron en el AMC, dos en el estado Carabobo, uno en Sucre y otro en Lara.
Ortega Díaz precisó que respecto a la muerte del adolescente de 17 años, tras haber sido arrollado el pasado 17 de febrero en la avenida perimetral Rómulo Gallegos de Carúpano (Sucre), ya se encuentra privado de libertad un hombre, quien fue imputado por el delito de homicidio intencional.
Asimismo, refirió que otra de las victimas de estos hechos de violencia, fue el fiscal 3º auxiliar del estado Carabobo, Julio González, quien tuvo un accidente de tránsito al tratar de evadir una barricada que obstaculizaba la vía por la cual se trasladaba hacia un centro asistencial, con el objetivo de verificar la información sobre un presunto lesionado.
En cuanto al total de personas heridas, indicó que 100 son civiles y 37 son funcionarios policiales y militares.
Informó que en las próximas horas, 80 personas serán presentadas ante los respectivos tribunales de control de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Lara, además del Área Metropolitana de Caracas (AMC), entre otras zonas del país.
La Fiscal General reiteró que estas acciones deben repudiarse, porque atentan contra la estabilidad del Estado y la tranquilidad del pueblo venezolano.
Por otra parte, se refirió a las medidas judiciales acordadas contra las alcaldías de Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia y Naguanagua, por lo que informó que estas acciones están orientadas a restablecer el sistema de recolección, saneamiento y disposición final de los desechos sólidos.
La razón es el impacto negativo que genera la falta de recolección de basura, la cual no solo crea un problema de salud pública, sino que también es utilizada por manifestantes para obstaculizar el libre tránsito de la ciudadanía y generar así problemas de orden público
En este sentido, Ortega Díaz exhortó a los fiscales superiores a hacerle seguimiento a la decisión, pues de no cumplir con el mandato judicial tales alcaldes estarían incurriendo en desacato.
Viernes 21/02/2014