2001.com.ve | Erick S. González Caldea | [email protected]
El jueves 28 de septiembre, el ministro de Interior, Néstor Reverol, junto al fiscal general, Tarek William Saab, anunció la creación de un “sistema de investigación antiextorsión y secuestro”, y una comisión nacional antisecuestro, para atacar a los delincuentes que comenten estos delitos.
Ambos funcionarios gubernamentales sostuvieron que con la proclamación del Plan Nacional Antisecuestro, el delito -en teoría- se “esfumará” de la nación. Pero hace un año, exactamente el 23 de septiembre del 2016, esta campaña fue lanzada contra este sector delictivo.
La primera gestión de este “plan” especial fue realizada junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y en ella actuaban efectivos de las Fuerzas Acciones Especiales (Faes), en operativos realizados en zonas populares para buscar a los hampones. No obstante, la falta de claridad en las cifras y mediciones de los operativos impidió constatar los resultados. Ahora la realidad parece aportarlos: casos de raptos se repiten a diario en todo el país.
Expertos en materia criminalística señalan que las estrategias de seguridad, en las que se preparan comisiones especiales para atacar a los perpetradores de los plagios directamente, lo que hacen es incidir en el incremento del índice delictivo.
Keymer Ávila, criminólogo, explicó que sin importar la política pública, no se puede hacer una evaluación del progreso sin datos oficiales. Manifestó que si el plan desarrollado carece de objetivos claros o indicadores, esa propuesta “pasa a ser más de lo mismo”.
“En toda política pública debe haber un mínimo de institucionalidad. Tiene que ser permanente. No se trata de planes y respuestas esporádicas. No debe ser temporal ni obedecer a una campaña institucional”, sostuvo.
Ávila destacó que lo preocupante del asunto es que con estas políticas -las cuales calificó de propagandistas- se busca algún efecto en la opinión pública, con independencia de los efectos reales.
Aseguró que desde que se implementaron operativos, como la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015 -en la que las actuaciones policiales fueron tras objetivos claros, con tácticas militares y, sobretodo, el uso desmesurado de la fuerza- no tuvieron un impacto positivo para bajar el índice delictivo. “Por el contrario, se pudiera decir que está contribuyendo a que aumente”, enfatizó el criminólogo.
Indice delictivo. En el informe publicado por el Observatorio de Delito Organizado se detalló una serie de cifras delictivas correspondientes al primer semestre del año 2017. Según el texto, en 91,3% de los casos de secuestro hubo intervención de algún organismo de seguridad del país. Además, en 92% de los casos, la víctima fue liberada al momento del rapto o minutos después del plagio.
Aunque el porcentaje de liberación es de 88% por cada caso de secuestro, según el informe, la cifra de las víctimas aumenta considerablemente.
Asimismo, el Observatorio resaltó quesiete de las víctimas de secuestros fueron asesinadas por sus captores, lo que representa el 12% de los 144 casos reseñados por los medios de comunicación spical del país en los primeros siete meses de 2017.
Ante esto, Keymer Ávila aseveró que sin oficialización de las cifras delictivas en el país -cuya base esté en los entes policiales- solo se tratará de una aproximación de la realidad. “Ante la ausencia de información policial y confiable, se hacen encuestas de victimización las cuales, de no seguir una metodología rigurosa, pueden arrojar errores. La otra forma es el registro periodístico, pero no todos los casos trascienden a los medios”, explicó.
2017-09-29