Jueces del condado ordenaron el desalojo de 220 familias del parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater.
La jueza Diana González-Whyte negó la solicitud de extensión para el desalojo que presentó el abogado de los residentes, David Winker.
La magistrada declaró que se respetaron los derechos procesales y que no hubo violación del debido proceso. Otro juez respaldó la decisión, consolidando la orden de desalojo.
¿Qué dicen los residentes afectados por el desalojo?
Después de la decisión judicial, los residentes expresaron su desesperación. Carlos Pérez, uno de los vecinos, declaró que los tratan "como si fueran los peores seres humanos del mundo".
María González, quien vivía en el parque de casas móviles por 24 años, afirmó que estará "en la calle" porque no tiene a dónde ir.
La decisión judicial, que fue emitida el miércoles, autoriza a la policía a ejecutar la orden en un plazo de 24 horas. Los afectados afirman que viven sin electricidad ni agua, por lo que tienen que buscar un sitio para vivir.
¿Cómo se ha vivido la situación?
Los residentes del parque de casas móviles Li'l Abner se han enfrentado a esta situación por meses. Los residentes denuncian el trato que han recibido en las últimas semanas.
El incidente con las 220 familias del parque de casas móviles Li’l Abner, en Sweetwater, Florida, se refiere al prolongado y amargo conflicto por el desalojo de los residentes por parte de los dueños del terreno.
Los propietarios, un grupo de inversionistas, buscan expulsar a las familias para demoler el parque y desarrollar la propiedad con proyectos comerciales. La mayoría de los residentes son de bajos ingresos y de origen hispano, y han vivido en el lugar por años.
Puntos clave del conflicto
- Aviso de desalojo: El incidente más reciente comenzó cuando se les entregó a las 220 familias un aviso de desalojo, dándoles un plazo limitado para encontrar una nueva vivienda.
- Reubicación insuficiente: Las familias, con ayuda legal y de activistas, han denunciado que la compensación y la asistencia para la reubicación ofrecida por los dueños es inadecuada e insuficiente, especialmente en el costoso mercado inmobiliario del sur de Florida.
- Lucha legal: El conflicto ha escalado a una batalla legal en los tribunales, donde los residentes argumentan que el aviso de desalojo es ilegal y que no se están respetando sus derechos.
En esencia, el incidente es una lucha entre los intereses de desarrollo inmobiliario y los derechos de vivienda de una comunidad de bajos recursos.
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