La justicia federal de Estados Unidos asestó este 10 de septiembre de 2026 un giro decisivo al futuro migratorio de cientos de miles de familias.
La jueza Jacqueline Becerra, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, rechazó la petición del Gobierno estadounidense para desestimar la demanda colectiva encabezada por un grupo de migrantes cubanos que buscan regularizar su estatus legal en el país.
Con esta resolución, el tribunal permite que el litigio histórico Bello-Rubio v. Department of Homeland Security siga su curso legal.
El caso abruma la atención de la comunidad hispana porque abre la posibilidad de que entre 500.000 y 600.000 cubanos que ingresaron por la frontera sur accedan a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
El núcleo de la disputa: el formulario I-220A
El caso judicial defiende a los migrantes liberados en territorio estadounidense bajo el formulario I-220A (Orden de Libertad Bajo Palabra).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que este documento no equivale a un parole humanitario, el requisito fundamental que exige la ley para solicitar la residencia.
Sin embargo, los abogados demandantes argumentan que las condiciones procesales en la frontera configuraron de facto una liberación legal equivalente.
Durante la audiencia celebrada en el tribunal de Miami, la jueza Becerra cuestionó los argumentos presentados por los abogados del Gobierno federal y dictaminó que la corte sí posee jurisdicción para revisar las peticiones formuladas por la parte demandante.
Siguientes pasos en la corte federal
Aunque el fallo de la jueza no otorga el parole ni la residencia de forma automática a los demandantes, la decisión elimina el mayor obstáculo procesal al que se enfrentaba el grupo.
A partir de reportes dados a conocer por cadenas de noticias como Telemundo 51 y agencias internacionales de prensa como EFE, el tribunal estableció un calendario acelerado:
El Gobierno estadounidense cuenta con un plazo estricto de siete días para responder a las solicitudes sobre la certificación de la demanda como acción de clase nacional.
Los abogados del equipo demandante tendrán siete días adicionales para presentar sus réplicas finales.
Si el tribunal aprueba la certificación de la acción colectiva, cualquier dictamen favorable definitivo beneficiará no solo a los 992 demandantes iniciales, sino a medio millón de cubanos atrapados actualmente en un limbo migratorio.
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