El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos presenta una nueva cara bajo el mando de Markwayne Mullin.
Desde que asumió la secretaría el pasado 24 de marzo en sustitución de Kristi Noem, la política migratoria ha experimentado una metamorfosis táctica: la era de la "exposición total" y los operativos mediáticos ha dado paso a una estrategia de "bajo perfil" y eficiencia discreta.
Aunque la retórica de control se mantiene firme, la visibilidad de los agentes en las calles y la infraestructura de detención masiva están bajo un proceso de reevaluación profunda.
Freno a los centros masivos y auditoría de contratos
Una de las primeras medidas de Mullin fue suspender temporalmente la adquisición de grandes almacenes que su predecesora había destinado a la retención masiva de migrantes a finales de 2025.
Según el secretario, esta pausa no es una cancelación definitiva, sino una auditoría necesaria para revisar los contratos y políticas heredadas.
El objetivo declarado es optimizar los recursos existentes antes de seguir expandiendo la red de centros de detención, buscando un manejo administrativo más riguroso de la infraestructura fronteriza y de interior.
Operativos de bajo perfil: menos impacto visual
El DHS ha comenzado a priorizar intervenciones menos visibles. En declaraciones para The Washington Post, Mullin expresó su intención de evitar la exposición constante de agentes en la vía pública para reducir el impacto visual de las detenciones en las comunidades.
Sin embargo, esta "discreción" no significa inactividad. Los operativos continúan realizándose de manera estratégica, concentrándose especialmente en las inmediaciones de las Cortes de Inmigración, donde el contacto con los individuos indocumentados es más directo y previsible.
El fin de las autorizaciones administrativas
Un cambio estructural de gran impacto es la nueva exigencia de órdenes judiciales firmadas por jueces federales para que los agentes del ICE ingresen a domicilios privados.
Anteriormente, la agencia utilizaba autorizaciones administrativas, un estándar legal más bajo. Al elevar el requisito legal, el DHS busca blindar sus operativos contra futuras demandas civiles y asegurar que cada ingreso a propiedad privada cuente con el respaldo de un tribunal federal, otorgando una capa de formalidad jurídica que la administración previa había flexibilizado.
Las cifras: una caída notable en las detenciones
Los datos estadísticos proporcionados por TRAC Immigration y la Coalición contra la Deportación Masiva confirman que el ritmo de arrestos ha disminuido drásticamente en el primer trimestre de 2026:
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Arrestos diarios en comunidades: cayeron de un promedio de 800 en diciembre a menos de 500 en marzo.
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Población detenida por ICE: se redujo de un pico histórico de 70,766 en enero a 60,311 a principios de abril.
A pesar de estos números a la baja, Mullin ha sido contundente en entrevistas para Fox News, asegurando que la meta sigue siendo la misma: “No vamos a bajar el ritmo. Vamos tras los inmigrantes indocumentados, y nos encantaría que se fueran por su propia voluntad”.
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