Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron la suspensión inmediata y temporal de diversas tarifas para los solicitantes de asilo vinculados al histórico caso Ms. L. v. ICE.
Esta medida, dictada por un tribunal federal en California, representa una victoria económica para las familias que fueron separadas en la frontera bajo administraciones anteriores.
Aunque la agencia federal ha acatado la orden, ya ha manifestado su desacuerdo, lo que mantiene el beneficio en un estado de incertidumbre legal a largo plazo.
El impacto del caso Ms. L. v. ICE
La demanda colectiva original se presentó contra el gobierno por la separación forzosa de familias migrantes. El fallo actual busca mitigar los daños económicos de los afectados, eliminando las barreras financieras para su regularización en el país.
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Efecto retroactivo: la suspensión de pagos entró en vigor con fecha del 5 de febrero de 2026.
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Notificaciones rescindidas: si usted recibió un cobro de USCIS antes de esa fecha y aún no lo ha pagado, la agencia ha confirmado que ya no tiene la obligación de hacerlo, pues dichas notificaciones han sido canceladas oficialmente.
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Trámites gratuitos: la medida cubre solicitudes de asilo, permisos de trabajo (EAD) y autorizaciones de permanencia temporal (parole).
Instrucciones críticas para los solicitantes
Para beneficiarse de esta exención de pago, los solicitantes deben seguir un protocolo estricto. Cualquier error en el envío podría resultar en el rechazo automático de la solicitud.
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Formato impreso únicamente: USCIS advirtió que no se deben enviar solicitudes electrónicas para este caso específico. El proceso debe realizarse mediante el Formulario I-589 en papel.
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Identificación visible: El paquete debe incluir una marca o carátula clara que indique la pertenencia al grupo de demandantes del caso Ms. L..
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Familiares directos: El beneficio se extiende no solo al solicitante principal, sino también a sus familiares directos que formen parte del colectivo.
Un beneficio bajo revisión legal
A pesar de la implementación de la medida, el clima en Washington es de confrontación. USCIS ha declarado públicamente que está evaluando acciones legales para impugnar la suspensión de tarifas, argumentando que estos cobros son necesarios para la operatividad de la agencia según la Ley Pública 119-21.
Esto significa que la gratuidad de los trámites podría ser revocada en el futuro cercano dependiendo de los resultados de las apelaciones. Se recomienda a los beneficiarios iniciar sus procesos lo antes posible mientras la ventana judicial permanezca abierta.
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