El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha abierto una convocatoria para contratar servicios de rastreo que permitan localizar migrantes indocumentados. Este programa incluye un presupuesto de 180 millones de dólares y ofrece pagos de 300 dólares por cada migrante ubicado, una medida que ha generado controversia por la posible externalización de funciones de seguridad a empresas privadas.
La información fue sacada del portal web Milenio donde detallan que ICE busca alcanzar la meta de deportar un millón de migrantes al año mediante la colaboración con contratistas privados. Estas compañías reciben lotes de 50 mil personas para rastrear y se están publicando ofertas laborales en plataformas como Linkedin, con contratos que sugieren el uso de cazarrecompensas para la localización de migrantes.
Sin embargo, la participación directa en arrestos por parte de estas compañías privadas está prohibida por leyes federales, aunque ya existen denuncias de que algunas firmas de seguridad la están realizando.
La convocatoria de ICE forma parte de un plan mayor de la administración Trump para acelerar deportaciones y aumentar la capacidad operativa de la agencia. Para ello, se han destinado miles de millones de dólares para ampliar centros de detención y contratar a más agentes, con un objetivo declarado de un millón de deportaciones anuales.
Asimismo, se ha reconocido la existencia de un "complejo de deportación-industrial", en el que empresas privadas juegan un rol central en operativos migratorios.
Reclutamiento y condiciones laborales
Los contratistas privados buscan perfiles diversos, desde ex agentes de la ley hasta personas con poca experiencia, incluyendo exmilitares. A los contratados se les ofrece una remuneración basada en rendimiento, con pagos de 300 dólares por cada verificación exitosa y ganancias potenciales de hasta 30 mil dólares en 90 días.
Se les encomienda vigilancia física y recopilación de evidencias como fotos con fecha y hora, usando información proporcionada por el gobierno.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que el uso de empresas privadas para funciones de arresto migratorio es ilegal según la legislación federal, que prohíbe al ICE utilizar seguridad privada para detenciones.
Sin embargo, la presión para cumplir las metas de deportación ha dado pie a denuncias por abusos y operativos que involucran personal encapuchado no identificado. Esta situación genera inquietudes sobre la supervisión y la rendición de cuentas en estas prácticas.
Esta información fue obtenida de reportes y análisis detallados en el portal Milenio, que describen los aspectos operativos y políticos de esta iniciativa, destacando su impacto y el debate que genera en Estados Unidos sobre la gestión de la migración y el uso de recursos públicos para su control.
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