Este viernes 8 de mayo de 2026, las autoridades federales de Estados Unidos pusieron en marcha el procedimiento judicial para revocar la ciudadanía a Víctor Manuel Rocha.
El exdiplomático actualmente cumple una sentencia de 15 años de prisión tras haber admitido su desempeño como agente al servicio del gobierno cubano durante varias décadas. La demanda, radicada en una corte de Miami, sostiene que el exfuncionario obtuvo su estatus legal mediante el ocultamiento de sus actividades delictivas y sus vínculos políticos extranjeros al momento de realizar su juramento hace casi 50 años.
Fundamentos de la desnaturalización
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida basa su reclamo en las omisiones detectadas en la solicitud de naturalización que Rocha presentó en 1978. Según los documentos judiciales, el exembajador habría afirmado falsamente que nunca cometió delitos a sabiendas, que no poseía afiliaciones con el Partido Comunista y que mantenía lealtad al sistema de gobierno de Estados Unidos. La demanda subraya que sus condenas por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros confirman que su servicio secreto al régimen de la isla comenzó en 1973, cinco años antes de recibir la ciudadanía.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones enfatizó que la posición que ocupó Rocha agrava la situación, dado que no se trataba de un operativo de bajo nivel, sino de un alto funcionario gubernamental:
"La denuncia alega que Rocha obtuvo la ciudadanía estadounidense a través de mentiras, ocultamiento y traición", señaló Quiñones, agregando que bajo estas premisas el individuo no debería conservar el privilegio de ser nacional estadounidense, incluso mientras cumple su condena en una institución penitenciaria.
Antecedentes y contexto del caso
Aunque los procesos de desnaturalización han sido históricamente inusuales, las autoridades han incrementado estos esfuerzos como parte de las políticas de la administración actual. Rocha, nacido en Colombia y con más de 70 años, fue embajador en Bolivia bajo la presidencia de George W. Bush. Si bien no se le procesó formalmente bajo el cargo estricto de espionaje por razones de prescripción de pruebas técnicas, su propia confesión de actividades encubiertas ha servido como soporte para esta nueva acción civil que busca retirarle sus derechos como ciudadano de los Estados Unidos.
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