El avance imparable de la tecnología en el comercio minorista ha llegado a un punto de inflexión en Nueva Jersey. La gobernadora Mikie Sherrill sacudió el panorama legislativo al denunciar una práctica que muchos consumidores sospechaban pero pocos podían confirmar: los "precios de vigilancia".
Durante su discurso sobre el presupuesto en Trenton, Sherrill se comprometió a combatir los algoritmos que rastrean cada movimiento del comprador para cobrarle el precio más alto posible.
¿Qué son los "precios de vigilancia"?
Bajo esta modalidad, las empresas utilizan datos personales para personalizar los costos en tiempo real. Según la gobernadora, esto se traduce en abusos directos:
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Precios por horario: Pagar más al salir del trabajo (cuando las tiendas están llenas) que al mediodía.
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Historial de navegación: Si buscaste un producto en línea, la tienda física podría detectarlo y subir el precio en el estante digital.
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Perfiles demográficos: Variaciones de costos basadas incluso en el género o la ubicación del usuario.
“Hoy en día, el alquiler se puede fijar mediante algoritmos que usan tus datos para cobrarte el precio más alto que creen que puedes pagar... Eso es indignante”, sentenció Sherrill ante los legisladores.
La ofensiva legislativa en Nueva Jersey
El respaldo de la gobernadora llega días antes de que el Comité de Comercio del Senado analice un paquete de leyes (encabezado por los proyectos S3612 y S3732) que busca prohibir:
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Precios algorítmicos personalizados: Impedir que el costo de un servicio o mercancía varíe según quién lo compre.
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Etiquetas electrónicas dinámicas: Restringir el uso de pantallas en estantes que cambian precios basándose en la vigilancia de los consumidores.
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Vigilancia con fines de lucro: Limitar la capacidad de las "Big Tech" para recolectar y vender datos que terminen encareciendo la canasta básica.
¿Qué seguirá permitido? La legislación aclara que las empresas podrán mantener sus programas de fidelidad, ofrecer cupones tradicionales y precios promocionales, siempre que sean transparentes y no dependan de la vigilancia oculta del individuo.
"Equidad en la caja registradora"
El senador Joe Cryan, principal promotor de la medida, subrayó que el objetivo es evitar que la tecnología derrote la justicia básica en el mercado.
El proyecto busca cerrar los vacíos legales que hoy permiten a las corporaciones explotar información privada (biométrica, de comportamiento o ubicación) sin que el comprador lo note.
De ser aprobado, las violaciones se considerarían fraude al consumidor, con multas de hasta $20.000 por reincidencia.
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