El gobierno de Donald Trump ha escalado su confrontación con las ciudades santuario, presentando una demanda contra Rochester, en Nueva York. La administración alega que las políticas de la ciudad, diseñadas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración, violan la Constitución.
Según información publicada por la agencia de noticias AP, la acción legal busca invalidar estas políticas, consideradas por Trump como un obstáculo para la aplicación de la ley.
La demanda se desencadenó por un incidente en marzo, donde agentes de la policía de Rochester colaboraron con la Patrulla Fronteriza en una detención de tráfico. Los líderes de Rochester criticaron la acción policial, argumentando que violaba la política de la ciudad que prohíbe la participación en actividades de inmigración.
¿Cuál es la base legal de la demanda de Trump contra Rochester?
La administración Trump argumenta que estas políticas interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración, una responsabilidad que considera exclusiva del gobierno federal.
Rochester fue designada como ciudad santuario en 1986 y reafirmó su postura durante el mandato de Trump. Una resolución del Concejo Municipal en 2017 prohíbe a la policía local indagar sobre el estatus migratorio de víctimas o testigos de delitos, a menos que sea esencial para una investigación criminal.
Además, se restringe la asistencia de empleados de la ciudad en la aplicación de la ley de inmigración federal.
¿Cómo responde Rochester a la demanda de la administración Trump?
Funcionarios de Rochester han defendido sus políticas, calificándolas de "legalmente sólidas". Se comprometieron a utilizar el desafío legal para "responsabilizar al gobierno federal" y evitar la apropiación de recursos locales en violación de la Décima Enmienda de la Constitución.
El alcalde Malik Evans y otros líderes de la ciudad calificaron la demanda como un "ejercicio de teatro político".
El incidente que originó la demanda fue una detención de tráfico en marzo, donde la policía de Rochester respondió a una solicitud de apoyo de la Patrulla Fronteriza.
Por otro lado, el alcalde Evans reconoció la legalidad de responder a solicitudes de emergencia, pero criticó la participación de la policía local en la aplicación de las leyes de inmigración.
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