El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que busca reformar el sistema electoral del país.
Esta orden incluye la exigencia de prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales.
Según informa AP, el decreto establece que todas las boletas deben ser recibidas a más tardar el día de las elecciones.
La medida enfatiza que el país ha fallado en implementar protecciones electorales básicas. También solicita a los estados colaborar con agencias federales para compartir listas de votantes.
Con esta acción se busca combatir delitos electorales, con la advertencia de retirar fondos federales a aquellos estados que no cumplan.
¿Es legal la reforma?
La reforma seguramente enfrentará impugnaciones, dado que los estados tienen autoridad para establecer sus propias reglas electorales.
Trump critica consistentemente los procesos electorales, alegando sin pruebas que están manipulados, especialmente desde su derrota en 2020.
La orden también refleja su postura negativa hacia la votación por correo, a pesar de que este método es popular entre muchos votantes, incluidos republicanos.
Grupos defensores de los derechos electorales manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que el requisito de prueba de ciudadanía prive a algunas personas de su derecho al voto.
Se estima que alrededor del 9% de los ciudadanos elegibles no poseen dicha documentación. Además, se señala que mujeres casadas que han cambiado de apellido podrían enfrentar dificultades al registrarse para votar.
Otros apartados de la orden
La orden instruye a diversas agencias federales a compartir datos que ayuden a identificar a no ciudadanos en las listas de votantes.
También menciona que el secretario de Justicia debe priorizar la aplicación de leyes federales relacionadas con la integridad electoral.
Estipula que la financiación federal estará condicionada al cumplimiento de estas nuevas reglas.
Expertos señalan que, aunque el poder ejecutivo tiene cierta autoridad sobre las elecciones, la Constitución otorga a los estados la principal responsabilidad en la regulación de los procesos electorales.
La reacción a la orden es variada; algunos funcionarios republicanos la apoyan, mientras que demócratas y defensores de los derechos civiles prometen impugnar legalmente.
Trump ha mencionado que esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para abordar el fraude electoral, afirmando que se implementarán más medidas en el futuro.
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