Una protesta protagonizada por detenidos del Centro de detención Camp East Montana (área de Fort Bliss, El Paso, Texas), generó preocupación entre familiares y abogados.
El incidente comenzó el sábado y estuvo relacionado, según las denuncias, con reclamos sobre las condiciones dentro de las instalaciones, la atención médica y la incertidumbre que enfrentan algunos internos respecto a sus procesos migratorios.
Reclusos lograron pedir ayuda
Aunque las autoridades habían retirado previamente dispositivos electrónicos a los detenidos, uno de ellos habría conseguido mantener oculto un equipo dentro de su celda. Desde allí, algunos internos lograron comunicarse durante un breve período con familiares y representantes legales para informar sobre la protesta y solicitar ayuda.
Familiares y activistas manifestaron temor por la integridad de los detenidos luego de la interrupción de las comunicaciones. Según los testimonios divulgados, al menos 14 internos presentarían golpes o contusiones en diferentes zonas del cuerpo, incluidos el rostro, los ojos, brazos y piernas.
Estas versiones proceden de familiares, abogados y comunicaciones obtenidas antes de que los detenidos perdieran nuevamente el acceso a sus dispositivos. Por ello, los señalamientos sobre posibles agresiones requieren confirmación mediante investigaciones y fuentes oficiales.
Otro de los factores que habría impulsado la protesta es la prolongada permanencia de algunos detenidos bajo custodia migratoria. Los reportes indican que varias personas llevan entre cuatro y siete meses privadas de libertad y que algunas han sido trasladadas entre distintos centros durante ese período.
Los internos también habrían presentado solicitudes ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para conocer el avance de sus expedientes. Sin embargo, familiares sostienen que algunas respuestas con fechas previstas para las deportaciones no se cumplieron.
Las condiciones de salud constituyen otro de los puntos señalados por familiares y organizaciones defensoras de migrantes. Entre las denuncias aparecen presuntas deficiencias en la atención médica y dificultades para recibir asistencia ante determinados padecimientos.
La alimentación también genera cuestionamientos. Los familiares aseguran que los alimentos entregados presentan problemas de calidad y contienen un nivel elevado de picante, algo que podría resultar especialmente perjudicial para personas con afecciones gastrointestinales.
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