EFE
China aprobó hoy una nueva ley de ciberseguridad que levanta "barreras" al libre flujo de datos en internet y entre empresas en aras de garantizar la seguridad nacional, lo que ha provocado fuertes protestas por parte de grupos empresariales y en defensa de los derechos humanos.
La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, anunció la nueva norma este lunes después de someter el texto a tres lecturas y a la opinión del público.
Como ocurre con otras controvertidas legislaciones del país, el texto es vago y abre la puerta a múltiples interpretaciones, según se desprende del último borrador, pues el texto final no ha sido publicado.
Los artículos más polémicos están relacionados con el almacenamiento de datos o la privacidad, pues la ley ordena a "operadores de infraestructuras de información clave" almacenar sus "datos empresariales importantes" en China y, si quieren trasladar esos datos fuera del país, les obliga a pasar por una "evaluación de seguridad".
"Se trata de un paso atrás para la innovación en China que no hará mucho en cuanto a la mejora de la seguridad", afirmó en un comunicado el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, James Zimmerman.
En opinión de este grupo empresarial, imponer "mayores restricciones al flujo de datos transfronterizo no conllevará beneficios en cuanto a la seguridad, sino que creará barreras tanto para las firmas chinas como extranjeras que trabajan en sectores donde se necesita compartir datos a nivel internacional".
Zimmerman alerta de que la legislación expondrá "información personal", una preocupación que también comparten grupos en defensa de los derechos humanos, que consideran la decisión del Ejecutivo un paso más en su campaña por "restringir las libertades" de la ciudadanía.
"Muchas partes de la ley sugieren que las compañías de internet tienen que ser cómplices de la censura y proveer (al Gobierno) los datos personales de sus clientes", denunció Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional, en declaraciones a Efe.
Las autoridades chinas ya habían instado a las páginas de internet y a las principales redes sociales a pedir a sus usuarios que se registren con su nombre real, si bien hasta ahora no había una ley que les obligara a ello e impusiera penas en caso de no hacerlo (en este caso, de hasta 500.000 yuanes, 74.000 dólares, 67.000 euros).
En opinión de Poon, este marco legal "da carta blanca" a Pekín para reprimir el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
La norma establece que el Ejecutivo tomará medidas para "controlar, defender y gestionar los riesgos de ciberseguridad y las amenazas que procedan de dentro del país o del extranjero, protegiendo la infraestructura de información clave de ataques, intrusiones, alteraciones y daños", y otorga al Gobierno el poder de suspender de forma inmediata las operaciones de empresas o páginas web.
El pasado agosto, casi medio centenar de organizaciones de empresas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica firmaron una carta para pedir al Ejecutivo chino que modificara la ley, ante el temor de que ésta pueda cortar el acceso al mercado de productos de seguridad informática en China.
No obstante, sus reclamaciones parecen haber caído en saco roto.
En un comunicado publicado hoy, la Cámara de Comercio de la Unión Europea consideró "muy preocupante" que las "controvertidas medidas" que comentaron a Pekín se hayan mantenido en la ley.
Las empresas europeas, además, criticaron la "falta de transparencia" del proceso y aseguraron que ha generado un ambiente de "mucha incertidumbre y negatividad" en las empresas.
Frente a las críticas, China defendió hoy que su ley de ciberseguridad es "más transparente que la de otros Gobiernos" y descartó la posibilidad de que la legislación suponga una discriminación para las compañías extranjeras en el país.
"(China) trata a todas las compañías igual, tanto si son extranjeras como chinas", remarcó en rueda de prensa el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores Lu Kang.
2016-11-07