La defensa de la magistrada venezolana María Lourdes Afiuni, presa desde diciembre de 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario, considera que la inacción de la jueza del caso ante la petición de la Fiscalía de retirarle la medida de prisión domiciliara supone un trato "cruel" y "degradante"
"Lo que está ocurriendo en estos momentos es que la juez de la causa no ha dado despacho desde el viernes y hoy tampoco dio despacho, es decir, cuatro días hábiles sin que el tribunal despache sin decidir con relación a la solicitud del Ministerio Público", indicó a Efe el abogado de Afiuni, José Amalio Graterol.
"Esto es a criterio de la defensa un trato, cruel, innoble y degradante" en contra de la magistrada procesada "porque no puede jugarse con la expectativa de libertad de un ciudadano", agregó.
En opinión del letrado, lo que viene haciendo la jueza Marilda Ríos Hernández es "retrasando el proceso y denegado justicia", al recordar que en Venezuela la iniciativa en la acción penal corresponde al Ministerio Público.
La fiscal general, Luisa Ortega, solicitó el pasado viernes sustituir la medida de prisión domiciliar que se mantiene contra Afiuni por otra "menos gravosa" como es la presentación cada quince días ante un juzgado.
La jueza procesada y la defensa esperan la ejecución de esa medida desde entonces.
Graterol afirmó que la magistrada del caso "además está retardando" el proceso penal porque "hoy no solamente no dio despacho sino que hoy estaba fijado la continuación del juicio de la doctora Afiuni y ella no dio despacho", en alusión a la falta de atención de sus actividades.
"A criterio nuestro está cometiendo dos delitos: uno es obstrucción a la justicia (…) y el otro es el retardo deliberado de un proceso para mantener privado de libertad a un procesado", afirmó.
Señaló que están paralizadas todas las causas en el despacho de la magistrada Ríos, no solamente la de Afiuni.
Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido por la liberación en diciembre de 2009 de Eligio Cedeño, un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
En aquel momento, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, llamó "bandida" y pidió la "pena máxima" para la magistrada al denunciar que se había confabulado con la defensa y funcionarios del juzgado para dejar escapar a Cedeño a espaldas de la Fiscalía.
La magistrada fue detenida y desde febrero de 2010 se encuentra bajo prisión domiciliaria y con prohibición de declarar a la prensa.
El caso de Afiuni despertó críticas de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que considera que en su caso hubo una "indebida interferencia política".
Tras meses de negativa de la magistrada a presentarse para el inicio del juicio, la audiencia judicial finalmente comenzó a finales de noviembre y se encuentra en la fase de presentación de testigos, aunque ella ha rechazado acudir a las vistas y es juzgada en ausencia.
La magistrada reveló en un libro que durante su detención fue víctima de una violación, que quedó embarazada y tuvo un aborto natural. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió que ratificara su denuncia se negó a hacerlo.EFE