Prensa VP
Rafael Veloz, coordinador del Movimiento Gremios de Voluntad Popular, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un amparo ante la Sala Constitucional a fin de que se decrete oficialmente un estado de emergencia en el sector salud, con miras a que se restablezca el derecho a la vida y la salud del pueblo.
Acompañado por representantes del gremio de la medicina, así como por el coordinador nacional de abogados de Gremios VP, Gonzalo Suárez, Veloz agregó que esta petición la complementa que las resoluciones del Estado Mayor de Salud sean de carácter obligatorio para todas las instituciones, independientemente si son públicas o privadas. También, la suspensión de las regulaciones que impiden el funcionamiento correcto de atención médica hasta que se elabore, mediante una comisión mixta, un sistema de tarifas cónsono con la realidad del país. Que el Cencoex pague de inmediato la deuda asumida de 2013, causante del impedimento de despacho de insumos y medicamentos desde el extranjero, la ratificación de la protección otorgada a los enfermos de VIH-SIDA por la Corte Suprema de Justicia y finalmente la incorporación al Estado Mayor de Salud, de un representante de la Academia Nacional de Medicina, de la Federación de Decanos de las Facultades de Medicina, de la Sociedad de Salud Publica Venezolana, de la Asociación de Clínicas Privadas y un representante de los gremios de la salud.
“Es importantísimo simplificar los actos administrativos, en hombros del Estado está la salud y la vida de los venezolanos. Mediante la sencilla aplicación de la Ley podemos evitar que sigan amputando extremidades a pacientes cuyas infecciones no pueden esperar insumos, podemos evitar que los venezolanos sigan pasando penurias al no conseguir los medicamentos”, dijo.
Informó que esta solicitud la realizan con el objetivo que, mediante el cumplimiento de las mismas, el Estado pueda garantizarle a los venezolanos el derecho a un sistema de salud digno, de calidad, gratuito, universal y solidario.
“El Estado venezolano que tiene esta responsabilidad del derecho a la vida y la salud, no ha podido resolver este problema, a pesar que está obligado a salvaguardar la vida y la salud ciudadana”.
Finalmente, el dirigente naranja explicó que tal intervención judicial solicita que se haga con la designación de instituciones u ONG, “a los fines de que sean veedores y parte integrante como representación de la sociedad organizada de las acciones y demás decisiones que se dicten en el sector por parte del Estado Venezolano y así informe a la Sala Constitucional acerca de sus avances, para ir tomando decisiones acertadas que no nos sigan aumentando la fatalidad en nuestros centros de salud y que mejoren la calidad de vida de los que allí asisten”.
2014-08-29