El Comité contra la Tortura de la ONU preguntó hoy a Uruguay sobre el proyecto de convocar un plebiscito para determinar si hay que reducir la edad penal, y denunció el hecho de que sea el segundo país latinoamericano con mayor proporción de víctimas de violencia machista.
El Comité comenzó hoy el análisis del cumplimiento que hace Uruguay de la Convención sobre la prevención de la tortura y otros tratos degradantes e inhumanos.
El presidente del Comité, el chileno Claudio Grossman, fue el primero en tomar la palabra y en preguntar sobre el anunciado proyecto de la oposición de convocar un referéndum para rebajar de los 18 a los 16 años la edad penal y endurecer la Justicia juvenil.
Ese proyecto recabó más de 350.000 firmas ciudadanas, muchas más de las necesarias, y nació tras años de quejas por el paulatino empeoramiento de la seguridad pública tras la severa crisis económica de 2002.
Grossman fue cauto y se limitó a pedir al Estado parte información al respecto, pero recordó que esto implicaría que "se habría de aplicar la justicia criminal contra adolescentes".
No obstante, la Justicia para Menores fue uno de los temas centrales de la jornada y fue mencionada por la práctica totalidad de los miembros del Comité que tomaron la palabra.
Abdoulaye Gaye, de Senegal, afirmó que según lo analizado "parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento".
Asimismo, Gaye denunció que "hay indicios" de que personas que han sido denunciadas por haber perpetrado malos tratos a jóvenes privados de libertad siguen ejerciendo sus funciones, "por lo que es probable que los malos tratos persistan".
En este sentido, Felice Gaer, de Estados Unidos, preguntó sobre los mecanismos que existen para permitir que los funcionarios que custodian a menores y que quieran denunciar malas prácticas puedan hacerlo sin obstáculos.
Gaer, que fue el último en intervenir, también dijo que de lo leído y escuchado "se desprende que hay un problema real de delincuencia juvenil, y si es así, ¿Qué hace el Estado para lidiar con ello?".
Por otra parte, Grossman se refirió al hecho de que Uruguay sea el segundo país latinoamericano con mayor proporción de víctimas de violencia machista.
Según los datos con los que cuenta Grossman, en 2012 se dieron en Uruguay 23.988 casos de violencia doméstica, de los cuales 26 resultaron en la muerte de la mujer a manos de su cónyuge o ex pareja.
"Puede ser que el hecho de que ostente el segundo puesto se deba al hecho de que Uruguay tenga un buen sistema de estadísticas, pero eso no quita que exista un alto grado de violencia doméstica en el país", afirmó Grossman, quien se interesó por lo que hace el Estado para luchar contra esta lacra.
Asimismo, el presidente del Comité quiso saber qué medios existen para que los menores víctimas de violencia doméstica puedan acceder a hogares de acogida.
Los miembros del Comité también se refirieron a los restos mortales de nacionales de terceros países encontrados en territorio uruguayo; al hecho de que la Policía pueda retener hasta 48 horas a un individuo sin autorización judicial; a los casos de tráfico de personas para explotación sexual o laboral; y al hacinamiento carcelario.
Con respecto a este último aspecto, Gaye señaló que el 60 por ciento de los reos están presos a la espera de juicio, "lo que indica claramente que se han de buscar medidas alternativas a la prisión". EFE