Gerardo Ortiz resurge en escena tras declararse culpable de violar la Ley Kingpin al participar en 19 conciertos organizados por Jesús "Chucho" Pérez Alvear, promotor vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pese a su confesión federal, el cantante insiste en su inocencia respecto a nexos deliberados con narcotráfico, atribuyendo su implicación a garantías engañosas de su exrepresentante Ángel del Villar, CEO de DEL Records. Mientras testifica contra Del Villar —acusado de lavar dinero mediante shows musicales— Ortiz enfatiza su tranquilidad: "No he recibido amenazas [...] estamos enfocados en nuestra música".
¿Inocencia o estrategia legal?
La defensa liderada por el abogado Mark Werksman traza una línea clara: "Gerardo no se declaró culpable de conspirar con cárteles ni coopera contra ellos", argumentando que actuó en los conciertos "bajo garantía de su exrepresentante" ignorando su ilegalidad. Esta postura contrasta con la fiscalía, que destaca su conocimiento de las advertencias del FBI en 2018 sobre Pérez Alvear —designado narcotraficante— y su persistencia en los eventos. El asesinato de Pérez Alvear en diciembre de 2024 añade dramatismo al caso, exponiendo riesgos latentes en la red del CJNG.
La Ley Kingpin, eje del juicio, prohíbe transacciones con sancionados por narcotráfico y podría implicar hasta 30 años de prisión para Del Villar. Ortiz, como testigo colaborador, busca mitigar su condena al revelar operaciones de DEL Records: evidencias muestran que la disquera financió vuelos privados para conciertos en Aguascalientes y Chiapas, mezclando fondos legales con dinero del crimen organizado.
Reaparición pública y futuro incierto
En su regreso a los escenarios, Ortiz proyecta seguridad: "Soy mexicoamericano [...] viajamos sin restricciones", desmintiendo problemas migratorios. Sin embargo, su rol en el juicio mantiene al género de narcocorridos bajo escrutinio, evidenciando la delgada línea entre narrativa musical y complicidad criminal. Mientras DEL Records enfrenta allanamientos y acusaciones por lavado mediante boletaje, la industria espera ver si Ortiz logra convertir su culpa en redención artística o si el caso marcará un precedente imborrable.
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