El lenguaje oral del presidente uruguayo, José Mujica, alabado o criticado según sean simpatizantes o detractores, derivó en una denuncia penal y una aclaración de términos por parte del mandatario.
En una reacción poco usual, Mujica salió hoy públicamente a aclarar el alcance del término "infestar" que, según dijo, significa "llenar un sitio, aludir a una gran cantidad de personas o cosas".
La precisión es consecuencia de declaraciones formuladas el 17 de marzo en las que, según él, dijo que el país está "infestado" de economistas y escribanos, aunque fueron varios los medios de difusión que tradujeron "infectados".
"En estos casos es bueno consultar el diccionario antes de generar revuelos que solo nos quitan tiempo y lugar para trabajar en las cosas que realmente importan", dijo hoy el presidente, un día después que un abogado presentara una denuncia penal en su contra por difamación e injurias.
El abogado Juan José Ayala pidió también que se haga una pericia psiquiátrica al mandatario y hoy comentó que se sintió ofendido como ciudadano y decidió que había que poner coto a lo que calificó como "grosería verbal" y "falta de decoro" del presidente.
Varios legisladores de la oposición política, como el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (P.Col) y el también senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional (PN), se han quejado últimamente de la forma de hablar de Mujica y alegan que no jerarquiza la figura de un presidente.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, restó hoy importancia a la denuncia penal. "Vivimos en un país tan democrático que cualquiera puede denunciar cualquier cosa, pero no me parece serio", comentó.
El ex diputado colorado Alejo Fernández Chávez, que presidió la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes y también fue ministro del Interior, aseguró hoy que la denuncia de Ayala no tendrá efecto jurídico alguno.
Estimó que no corresponde la denuncia ante la justicia sino que el mecanismo podría ser el del juicio político que está regulado por el artículo 93 de la Constitución y que permite que algún particular pueda hacer una denuncia, pero ante la Cámara de Diputados.
Ese artículo establece que "compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar", en este caso al presidente del país, por "violar la Constitución u otros delitos graves". /DPA